El más reciente comunicado del mayor gremio empresarial del istmo precisa que el país necesita definir una política que establezca los parámetros especializados para la minería metálica y no metálica de aplicación general, dejando atrás prácticas obsoletas.
Los hombres de negocios hicieron alusión al nuevo contrato acordado por el Ejecutivo y Minera Panamá, filial de la trasnacional canadiense First Quantum, para la explotación a largo plazo de la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, ubicada en Donoso, provincia de Colón.
El pacto fue avalado la pasada semana por el Consejo de Ministros, pero aún debe ser refrendado por la Contraloría General y la Asamblea Nacional ( Parlamento) antes de su promulgación oficial por parte del Gobierno.
Este acuerdo final supone una concesión a 20 años prorrogables por el mismo lapso para la explotación de la mina, también establece ingresos mínimos anuales de 375 millones de dólares al fisco y amplios poderes de supervisión estatal.
Los empresarios destacaron que la minería es una industria compleja que se debe trabajar de forma responsable, con buenos planes de cuidado ambiental para garantizar que no exista un fuerte impacto en el medioambiente.
En el texto señalaron que el abordaje de la actividad no puede ser a la ligera; debe venir acompañado de conocimiento y asesoramiento técnico y en ese sentido propusieron terminar de desarrollar con rigurosidad la contratación actual, procurando el mejor interés del país y sus ciudadanos.
También alertaron que se debe evitar que los «intereses populistas o electorales intervengan en dicho proceso».
Al controversial contrato, que recibe críticas constantes de organizaciones sociales y ambientalistas, se llegó luego de más de un año de conversaciones entre las partes que ya en enero de 2022 habían anunciado un acuerdo, después de cuatro meses de negociaciones sin lograr firmarlo.
En ese contexto, el Gobierno ordenó en enero pasado la suspensión de la operación de la mina y la compañía en respuesta solicitó un mes después la suspensión de más de cuatro mil contratos laborales, lo que fue rechazado por el Ejecutivo.
Las partes anunciaron incluso litigios en la esfera internacional.
En 2017, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional la ley de 1997 que avaló la concesión para la explotación de la mina Cobre Panamá y en base a esta decisión el Gobierno panameño entabló la negociación del nuevo texto, según sus autoridades.
La mina Cobre Panamá es considerada la mayor inversión privada de país, con unos 10 mil millones de dólares.
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