La Policía, que reconoció que la joven abogada colaboró en el trámite, sin oponer resistencia, la condujo a toda velocidad a la sede del Poder Judicial de la ciudad sureña.
La orden fue dictada por la Corte Suprema, para que cumpla prisión preventiva por 18 meses, para su juzgamiento por presuntos delitos de rebelión y conspiración.
El titular de la Sala Penal Nacional del máximo tribunal, César San Martín, tomó la decisión, que revierte un dictamen emitido en abril pasado por una instancia menor, que rechazó el pedido original de la fiscalía de encarcelar a Chávez.
La fiscalía apeló contra aquel fallo y argumentó que la investigada dio en abril información falsa sobre las garantías requeridas para seguir siendo investigada y eventualmente juzgada.
Tras el dictamen, la ex primera ministra difundió un video en el que, con plena serenidad, informó que espera la llegada de la Policía Judicial, a la que el juez San Martín ordenó la detención, y, con un toque de humor, descartó la posibilidad de fugar.
“Es un tema complejo para mí y mi familia, pero hay que ser valiente”, agregó cuando se aproximaba una caravana policial a su casa, en la ciudad de Tacna, fronteriza con Chile.
Añadió que enfrenta una situación injusta, pero la asume con entereza y adelantó que en la prisión continuará elaborando su tesis de posgrado, sobre ciencias penales.
El video estuvo dedicado principalmente a anunciar la presentación de un libro de relatos de su autoría, tras lo cual dijo que lamentablemente no podrá asistir a su estreno como escritora por la circunstancia que atraviesa.
Chávez es investigada por delitos que, según la acusación, habría cometido al secundar el intento del presidente Pedro Castillo de disolver, el 7 de diciembre de 2022, el Parlamento hostil a su administración, ante lo cual fue destituido por el Congreso y encarcelado.
El tribunal rechazó sin embargo la apelación al fallo de abril, en el caso de los exministros del gobierno de Castillo, del Interior, Willy Huerta, y de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, quienes permanecerán libres con limitaciones de movimiento, una especie de libertad condicional.
En otra audiencia, el juez de la Corte Suprema Juan Carlos Checkley rechazó el recurso de tutela de derechos del exmandatario que invocaba afectación al debido proceso para dejar sin efecto las acciones en su contra y recuperar su libertad.
Checkley argumentó que Castillo “conoce plenamente los cargos y hechos que le imputa la Fiscalía, el grado de su participación y los elementos de convicción que sustentaron la formalización de la investigación preparatoria en su contra”.
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