Los diversos enfoques oscilan entre señalar que se trata de simple esgrima verbal sin diferencias de fondo y considerar que la discusión refleja contradicciones en lo que los analistas consideran una alianza o coalición en el poder.
El analista Julio Schiappa, consejero de Boluarte en sus primeros días de gobierno, declaró a Prensa Latina que en recientes declaraciones críticas a la presidencia, Fujimori no planteó ningún cambio de políticas, evidenciando su línea continuista.
Tras ser estelar sostén del Gobierno, la dirigente del neoliberal partido Fuerza Popular (FP) pidió cambiar a varios ministros, puso en duda la afirmación de Boluarte de que está cerrada la posibilidad de un adelanto electoral y no descartó la vacancia (destitución) de la gobernante si fuera afectada por problemas de corrupción.
Boluarte respondió con el reto a Fujimori de que si quiere plantear nuevas elecciones, “haga votar a su bancada parlamentaria a favor de la ley” que apure los comicios, para convocarlos de inmediato como presidenta.
Schiappa comentó que Boluarte “sabe que el Congreso jamás votará su autodisolución” y Fujimori pretende evadir a la justicia usando la política, alusión al juicio en su contra por lavado de activos, en el cual arriesga una condena de 30 años de cárcel.
Sin embargo, el analista no descartó que las nuevas protestas sociales en preparación alcancen niveles tales que obliguen al Gobierno y al Congreso a ceder al clamor de nuevos comicios.
El secretario general de la Confederación General de Trabajadores (CGTP), Gerónimo López, apuntó que las declaraciones de Fujimori confirman que ha decidido ser nuevamente candidata presidencial, pese a haber perdido tres veces en sendas segundas vueltas.
Mencionó como elementos de contexto de ese afán, que “es incierto cuanto durará el Gobierno, sobre todo cuando se van a reanudar movilizaciones de nivel nacional, exigiendo la renuncia de Dina Boluarte y el cierre del Congreso.
López opinó que, en ese marco, las posibilidades electorales de Fujimori se desvanecerían con el paso del tiempo y por eso se distancia del Gobierno y confía en que no tiene competencia entre los grupos de ultraderecha, por lo que, en aras de sus fines electorales, no tendrá ningún reparo en vacar a Boluarte.
Paralelamente, el Congreso, impulsado por el fujimorismo pretende reemplazar a las autoridades de los organismos electorales por elementos que sirvan a sus intereses de ganar las elecciones mediante un fraude.
El analista Eduardo Cáceres señaló que la polémica Boluarte-Fujimori afecta a la coalición de gobierno, que para Fujimori puede extenderse al poder real, donde habría sectores que consideran que la administración de Boluarte tene plazo de vencimiento.
Todo ello, añadió, en un contexto de rechazo de entre 80 uy 90 por ciento al Ejecutivo y al Legislativo en las encuestas y el anuncio de movilizaciones opositoras masivas.
La derecha extrema, pese a ser aliada del fujimorismo, el congresista Jorge Montoy planteó su desacuerdo con las afirmaciones de Fujimori por considerar que atentan contra la estabilidad y la gobernabilidad
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