Una encuesta de CID Gallup encontró que el mandatario cuenta con el 90 por ciento de aprobación por parte de la población de su labor presidencial, lo que lo sitúa por encima de destacados políticos latinoamericanos como el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con respaldo de 75 y el costarricense Rodrigo Chaves, con 71 por ciento de apoyo.
Gran peso en el respaldo al salvadoreño se debe a su política contra las maras o pandillas que crearon un elogiado ambiente de seguridad y la reducción de homicidios, lo cual sumado a una bien articulada campaña de divulgación de sus proyectos e ideas le confieren simpatías en el país y en exterior.
Mientras se mantiene en la cima de las preferencias del electorado, el gobernante tiene hasta el 25 de junio para inscribir su candidatura a un segundo mandato y apenas cinco jornadas para cambiarse del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), que lo llevo al gobierno, a otra entidad política.
Si opta por dejar GANA e inscribir su candidatura por Nuevas Ideas (NI) debe afiliarse e inscribirse como precandidato entre el 24 y el 25 de junio, como estableció esa tolda política.
Si da ese paso Bukele se situaría oficialmente en contra de al menos siete artículos de la Constitución del país que prohíben la reelección presidencial inmediata, algo que es motivo de critica de opositores en los últimos meses quienes lo acusan de intentar perpetuarse en el poder.
El Partido NI programó sus elecciones internas para el 9 de julio de 2023 en las cuales competirán los candidatos a presidente, vicepresidente, diputados y alcaldes.
Para que acepten su inscripción, Bukele deberá presentar una declaración jurada en la que exprese no estar inhabilitado para ser candidato presidencial, según el artículo 152 de la Constitución de la República.
Este apartado es el que fue reinterpretado por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) impuesta por Nuevas Ideas, que dio luz verde a la reelección presidencial inmediata, pese a que versados letrados en temas constitucionales consideran esa aspiración inconstitucional.
Otro elemento a tener en cuenta, según las interpretaciones de las autoridades electorales impuestas por el gobierno, es que el presidente tendría hasta el 30 de noviembre para abandonar al cargo y continuar como candidato a la reelección.
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