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Expresidente y fiscal proyectan denuncias contra parlamento en Perú

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Lima, 22 jun (Prensa Latina) El expresidente peruano Martín Vizcarra y la cesada fiscal suprema Zoraida Ávalos, inhabilitados para funciones públicas por el Congreso, advirtieron hoy que apelarán, inclusive ante instancias internacionales, contra las sanciones, que consideran ilegales.

Vizcarra, quien fue inhabilitado dos veces por el legislativo, argumentó que ha quedado invalidada la causa invocada para la segunda inhabilitación por cinco años, aprobada en mayo último.

La sanción fue aplicada por corrupción presuntamente cometida antes de ejercer la presidencia, entre marzo de 2018 y noviembre de 2020 y el exmandatario explicó que la causa judicial invocada para la medida ha sido sobreseída o archivada

Advirtió que de no lograr la nulidad de su inhabilitación, acudirá a instancias jurídicas internacionales a las que Perú está adscrito.

Dijo que esa inhabilitación, como la primera, por diez años y por la acusación de haberse vacunado en secreto contra la Covid-19 cuando era presidente, constituyen una venganza debida a que combatió la corrupción de empresas privadas en obras públicas y en septiembre de 2019 disolvió constitucionalmente el Congreso.

Por otra parte, la hasta anoche fiscal suprema Zoraida Ávalos, anunció que apelará al Tribunal Constitucional contra su inhabilitación por cinco años aprobada por el Congreso que, además, aprobó una acusación judicial en su contra por el presunto delito de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

El cargo se fundamenta en el hecho de que Ávalos, cuando era fiscal de la Nación, abrió una investigación preliminar al entonces mandatario Pedro Castillo pero, debido a que la constitución otorga inmunidad a los jefes de Estado, congeló las pesquisas hasta el fin del mandato de Castillo.

El abogado de Ávalos, Francisco Eguiguren, exministro de Justicia, declaró que la exfiscal será juzgada por esos cargos en la Corte Suprema y dijo estar seguro de que esta absolverá a su defendida y, de lo contrario, apelará a instancias internacionales.

Uno de esos foros, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha manifestado preocupación por presiones y medidas del parlamento que afectan la autonomía de jueces y fiscales.

Eguiguren dijo que las medidas en su contra son excesivas y desproporcionadas, así como carentes de argumentos jurídicos y constitucionales, y fueron aprobadas solo por la imposición de la mayoría de votos de los congresistas.

rgh/mrs

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