Se trata de la funcionaria de Seguridad de la Aviación (Aviation Security) del aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, identificada como Gabriela O por las autoridades que aplicaron la medida cautelar.
La operación ilícita se realizó desde Viru Viru a inicios de febrero, sin embargo, no fue hasta el 30 de mayo que la Aduana del reino ibérico descubrió ese cargamento de casi media tonelada en una bodega de la terminal aeroportuaria Adolfo Suárez, según el boletín de la Delegación Especial de Madrid de la Agencia Tributaria.
Ninguna autoridad boliviana recibió noticias del delito hasta que apareció esa publicación, y a partir de ese momento la fiscalía inició una investigación que hasta este sábado suma ocho cautelados preventivamente en Palmasola.
Además de Gabriela O., engrosan esta lista tres exfuncionarios de la estatal Boliviana de Aviación (BoA), dos integrantes de la empresa familiar courier José María, entidad implicada también en marzo último en otro escándalo por la importación de droga sintética desde España.
Esta última sustancia prohibida fue transportada en una aeronave alquilada por BoA a la corporación española Wamos Air, que contrató a su propia tripulación.
Según el ministro de Gobierno Eduardo Del Castillo, hasta el momento son 11 los implicados en este expediente, aunque en observancia de la reserva establecida respecto a la investigación no reveló todos los nombres.
Del Castillo informó que todos los policías destinados a Viru Viru fueron relevados el 9 de junio último, mientras que en el plano administrativo están en marcha medidas de ajuste para mejorar la seguridad en ese aeropuerto internacional.
“¿Por qué no se está investigando cómo se envía droga (de España a Bolivia)? Aquí van a caer todos los involucrados en el envío de cocaína hacia España -demandó el ministro-, pero también queremos a los responsables que están enviando droga a nuestro país”.
Criticó, además, que las instituciones españolas refieren cifras diferentes sobre la droga incautada en el aeropuerto de Barajas y que no proporcionan información oficial y precisa para esclarecer el ilícito, pues una institución española habla de 476 kilogramos y otra de 484.
Insistió el titular en la necesidad de que las correspondientes autoridades españolas envíen a Bolivia información oficial para lograr que se apliquen sanciones ejemplarizantes.
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