La mandataria hizo una sorpresiva visita “de reconciliación y paz” a la localidad rural de Sachabamba de la región surandina de Ayacucho, territorio que tuvo fuerte protagonismo en la ola de protestas contra el ascenso de Boluarte a la presidencia como sucesora del destituido y encarcelado Pedro Castillo.
En una concentración por el Día del Campesino y bajo fuerte resguardo policial, llamó al Legislativo al “trabajo en conjunto, no polarizado, no poniéndonos frente a frente; eso no beneficia al pueblo peruano”.
La exhortación buscó aparentemente limar asperezas, tras una controversia con la dirigente neoliberal Keiko Fujimori, considerada su principal aliada en el Parlamento para mantenerse en el gobierno pese a que Boluarte es desaprobada por cerca del 80 por ciento de los peruanos, según las encuestas.
La mandataria entregó títulos de propiedad, anunció una nueva ley de riego y recursos financieros para los agricultores, en un discurso en el que señaló la meta de hacer de Perú un país desarrollado.
La vicepresidenta de la Asociación de Víctimas de la represión policial y militar contra las protestas antigubernamentales de meses pasados, Yovana Mendoza, dijo que para los deudos la visita de las 10 víctimas es una ofensa y un descaro.
“Es la primera vez que viene a Ayacucho pero, sinceramente, para toda la población de Ayacucho, es decepcionante que esa señora tenga el descaro de venir aquí” tras la masacre, expresó sobre un tema al que no se refirió la mandataria en su visita.
Horas después, en medio de la preparación de nuevas protestas por la renuncia de la presidenta y por nuevas elecciones generales, miles de manifestantes convocados por las redes de Internet, muchos de ellos jóvenes, marcharon contra el Gobierno y el Parlamento conservador.
La movilización desafió la prohibición de actos como estos en el centro histórico nacional y fue motivada por la cuestionada inhabilitación y enjuiciamiento de Zoraida Ávalos, integrante de la Junta de Fiscales Supremos.
Según reportes de prensa, esta última situación se debe a que cuando Ávalos era fiscal de la Nación abrió una investigación al entonces presidente Pedro Castillo y la congeló en atención a la inmunidad presidencial.
Los manifestantes desafiaron la prohibición de marchas por el centro histórico de Lima, decretada por el alcalde conservador de Lima, Rafael López-Aliaga.
Participaron personalidades de izquierda y centro como la ex primera ministra Mirtha Vásquez, la socióloga Lucía Alvites y las excongresistas Indira Huilca y Rocio Silva.
Entretanto, dirigentes sociales anunciaron que la llamada “Toma de Lima” (marchas contra Boluarte desde el interior hacia la capital), anunciada para el 19 de julio venidero, tendrá un carácter amplio y unitario, superando limitaciones de las protestas de meses pasados.
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