Analistas de diversas posiciones coincidieron en mantener en pie la posibilidad de que sea vacada (destituida) por la mayoría parlamentaria, que ha sido su principal sustento político, en una alianza tácita que ha mostrado recientemente fisuras.
“Faltan tres años y no queda claro cómo pueden sostenerse con una confianza ciudadana tan baja”, dijo el centrista Percy Medina sobre un factor que una encuesta privada verificó al arrojar como resultado una desaprobación de 80 por ciento y una aprobación de solo 12 por ciento.
Medina agregó a ello los consiguientes problemas de crisis de representación del Ejecutivo y el Legislativo y con la gran inestabilidad que existe para todos los actores políticos, que no tienen respaldo social.
El catedrático de ciencias políticas Alonso Cárdenas opinó que Boluarte no llegará al 2026 porque su continuidad genera un costo político muy alto para Fuerza Popular (FP) -cuya bancada es la más numerosa del Congreso- y su líder, Keiko Fujimori y sus intenciones de postular nuevamente a la presidencia.
No descartó que “una vez que el Congreso tome por asalto los organismos electorales”, reemplazando a sus titulares, el Legislativo defenestre a la presidenta, estimación en la que coincidió otra analista del mundo académico, Lucía Santos.
Todavía el Parlamento necesita mantenerla en el Palacio de Gobierno, pero cuando logre la aprobación de reformas como la restauración del Senado y la reelección inmediata, ahora prohibida, “estará en posición suficientemente ventajosa como para vacarla”.
El analista político Martín Tanaka sostuvo que el juego del fujimorismo “consiste en criticar algunas políticas, algunos ministros, pedir algunos cambios, pero finalmente sostenerla para que llegue al 2026”.
Para el politólogo Paolo Sosa, en las circunstancias tan precarias de Boluarte, “nadie puede asegurar que se quede hasta 2026″, mientras la analista Adriana Urrutia advirtió que “su permanencia en el cargo debilitaría la democracia y sus instituciones”.
Según Urrutia, los aliados de la mandataria analizan el hecho de que mantenerla en el poder será costoso para sus aspiraciones electorales y por eso pueden plantear un adelanto de las elecciones.
Ese adelanto es reclamado por organizaciones políticas, sociales, regionales y colectivos ciudadanos que presionarán por nuevas comicios desde el 19 de julio próximo con marchas desde el interior a Lima, que buscan recoger el descontento reflejado en las encuestas que reprueban a la mandataria y en mayor medida al Congreso.
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