La marcha, bajo la consigna de “No más aumentos”, repudia el plan de ajuste de deuda de la estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), en medio de un proceso de privatización, que hipotecará a los puertorriqueños por los próximos 50 años.
Los manifestantes, encabezados por dirigentes sindicales, religiosos, comerciantes y sociales, entre otros, llegaron hasta La Fortaleza, en el Viejo San Juan, para dejar establecida su insatisfacción con el alto coste de la energía eléctrica, que se anticipa provocará un alza en cadena de productos de primera necesidad.
Esta situación, se indicó, arruinará a la mayoría de la población puertorriqueña en momentos en que se produce un desplazamiento por millonarios estadounidenses y de Canadá que están exentos del pago de impuestos.
Esto ocurre mientras avanza el desmantelamiento de las corporaciones públicas, como la AEE, que el próximo 1 de julio entrega a Genera PR, una empresa creada por las corporaciones matrices de LUMA Energy.
“No podemos quedarnos callados, mientras nos destruyen; por eso estamos unidos como pueblo, (incluidos) quienes creyeron que con la privatización resolveríamos el problema que por años crearon los partidos políticos que nos han gobernado”, aseguró Josué Mitjá, presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (Utier).
Destacó que la privatización, que es política pública de la administración del gobernador Pedro R. Pierluisi, del anexionista Partido Nuevo Progresista (PNP), ha representado la muestra del engaño.
A la vez, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), establecida por Washington para controlar las finanzas de Puerto Rico en medio de la bancarrota, “empuja un paquete de medidas para ir desgastando nuestra viabilidad futura como pueblo”.
“El gobierno de turno ha mostrado su verdadero rostro de que le importa más el juego politiquero que el pueblo al que tiene como obligación defender”, resumió Mitjá.
La jueza federal Laura Taylor Swain, que atiende la quiebra de esta isla del Caribe, redujo a dos mil 388 millones de dólares la deuda que pueden cobrar los acreedores de la AEE, que originalmente se estableció en ocho mil 500 millones.
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