Tres semanas después de asumir el cargo, Guillaume ya visitó las comisarías y subcomisarías de la jurisdicción y entrevistó con unos 70 reos, de los cuales 16 fueron puestos en libertad, aseguró al programa radial Magik 9.
Con el apoyo de la Oficina de Protección del Ciudadano y de organizaciones de defensa de los derechos humanos, también facilitamos audiencias en los tribunales correccionales, que permitieron liberar a 24 detenidos, aseguró.
Además, prohibió la emisión de órdenes de arresto para delitos privados como el abuso de confianza y las amenazas de muerte.
Guillaume también indicó que los exreclusos pueden emprender acciones legales si consideran que fueron detenidos ilegalmente y la Fiscalía podría iniciar procedimientos contra los responsables en caso de denuncias.
La víspera, el experto independiente de Naciones Unidas para los Derechos Humanos William O’Neill denunció el empeoramiento de la situación carcelaria, particularmente en la prisión civil de Cabo Haitiano y la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe, que, a su juicio “ilustra el fracaso y la disfunción del sistema judicial en todos los niveles”.
Reveló que, durante el pasado año, 219 detenidos murieron bajo custodia, la mayoría por desnutrición o falta de acceso a medicamentos.
Los detenidos están hacinados en celdas estrechas, con un calor sofocante, a veces sin acceso a agua o baños, con comida insuficiente, al tiempo que sobreviven en un olor asfixiante que provocan los montículos de basura en la capital.
Esa situación contribuye a la propagación de enfermedades como la tuberculosis y el cólera, indicó el experto.
Actualmente, el 83 por ciento de los reos se encuentra bajo prisión preventiva prolongada, y algunos de ellos pueden estar hasta una década en las cárceles antes de ser escuchados por un juez.
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