El semanario Hildebrandt en sus Trece citó en tal sentido la declaración del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Manuel Gómez de la Torre.
El militar la hizo en un interrogatorio ante el Ministerio Público, en el marco de una indagación preliminar por genocidio y homicidio agravado, referida a 49 muertes de civiles, casi todos baleados, durante las protestas, entre diciembre y marzo últimos, contra el ascenso de Boluarte a la presidencia.
El informe refiere que inicialmente el general reconoció que asistió al Palacio de Gobierno junto al entonces titular de Defensa, Alberto Otárola, actual primer ministro, “para darle cuenta a la señora presidenta cómo se desenvolvían las acciones militares en apoyo a la Policía”.
La publicación anota el hecho de que ese informe fue presentado el 17 de diciembre, dos días después de que fueron abatidos 10 civiles, incluyendo un muchacho de 15 años, durante una movilización opositora, en la ciudad surandina de Ayacucho.
También cita la declaración de Gómez, en el sentido que “se informaba al ministro de Defensa y, por intermedio de este, a la Presidencia de la República de las acciones militares en apoyo a la Policía Nacional”.
Consigna que el 6 de junio pasado, una semana antes de que declarara el titular del comando conjunto ante la Fiscalía, lo hizo la presidenta Boluarte y aseveró que no estuvo informada de las operaciones policiales y militares de control de las protestas ni mantuvo contacto directo con el alto mando de las llamadas fuerzas del orden durante la crisis.
“La presidenta Dina Boluarte no dijo la verdad cuando declaró a la Fiscalía de la Nación que no tuvo conocimiento directo de los planes estratégicos y operativos de las Fuerzas Armadas para reprimir las protestas antigubernamentales”, afirma Hildebrandt en sus Trece.
Según una filtración anterior de su declaración, el jefe del Comando Conjunto negó responsabilidades operativas en las acciones realizadas, afirmó que los militares actuaron conforme a los protocolos establecidos para situaciones como la planteada.
Informes nacionales e internacionales basados en testimonios y en autopsias de las víctimas, sostienen que en decenas de casos perecieron por impactos de bala en el torso y la cabeza, lo cual, evidencia la intención de matar y merece la calificación de ejecuciones extrajudiciales, lo cual el Gobierno niega.
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