Guido Croxatto dijo a la prensa local que junto al jurista Raúl Zaffaroni (ambos argentinos) presentarán una ampliación de denuncia ante la CPI que consignará que las muertes referidas no fueron indiscriminadas.
Añadió que cerca de medio centenar de víctimas ultimadas con armas de fuego fueron indígenas, sobre todo pobladores de regiones surandinas como las de Puno, Ayacucho, Cusco y Puno.
Según el abogado, la salida más viable a la persistente crisis social y política de Perú es que Castillo retome la presidencia y sean juzgados los congresistas que vacaron (destituyeron) al mandatario y los miembros de otros organismos que apoyaron esa medida.
Croxatto insistió en que la vacancia de Castillo incumplió el procedimiento constitucional establecido para la destitución sumaria de un presidente, que requiere los votos de 104 de los 130 congresistas y solo 101 la aprobaron.
Admitió sin embargo que la solución planteada no es posible en las condiciones actuales, mientras el Legislativo y el Gobierno insisten, con el aval de los órganos de justicia, en que el citado procedimiento se obvió porque, al anunciar la disolución del Congreso, el 7 de diciembre de 2022, Castillo incurrió en delito flagrante.
Añadió que su planteamiento se aplicaría si en Perú “hubiera Estado de derecho y un Poder Judicial funcionando, y al parecer eso no es así”.
El juez que monitorea la investigación a Castillo, Juan Carlos Checkley, rechazó la semana pasada un nuevo recurso del exmandatario apresado y destituido tras anunciar la disolución del Parlamento, que demandaba archivar la acusación de rebelión en su contra.
Checkley argumentó que Castillo incurrió en el delito de rebelión porque, en su atribución de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, decretó la disolución del Congreso y la reorganización de los órganos de justicia, además de establecer un estado de excepción.
Los defensores del exmandatario argumentan que el Código Penal establece que cometen el delito de rebelión quienes se alzan en armas colectivamente, lo cual, afirman, no hizo su defendido.
Desde su detención, Castillo ha presentado decenas de recursos judiciales, en su mayoría para que se anule su destitución, recupere la inmunidad presidencial y, por tanto, sea liberado y se descarten los cargos en su contra.
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