La coordinadora está integrada por los integrantes del comité organizador del Primer Encuentro Nacional de Organizaciones sociales de casi toso el país que el fin de semana último consolidó una serie de consensos al cabo de debates con contenido crítico y autocrítico.
Uno de los representantes de esa instancia, Jorge Pizarro, precisó que la plataforma de lucha consigna, además de la demanda de renuncia presidencial, prontas elecciones adelantadas de un nuevo mandatario y un nuevo Parlamento, en reemplazo de los actuales, rechazados por la gran mayoría de la población, según las encuestas.
También una nueva carta magna elaborada por una asamblea constituyente y “la libertad de todos los presos políticos desde 7 de diciembre hasta la actualidad”. La fecha corresponde a la detención y destitución del presidente Pedro Castillo por el Congreso.
La plataforma incluye igualmente el reclamo de sanción para los autores directos y mediatos de las cerca de 70 muertes registradas durante las protestas realizadas entre diciembre y marzo último, las que considera crímenes de lesa humanidad.
Además, la defensa de la soberanía nacional y, por tanto, el repudio a la presencia de tropas norteamericanas llegadas en junio último a Perú y cuyo ingreso fue aprobado por el cuestionado parlamento a pedido del Gobierno.
Más de 700 delegados de casi todas las regiones del país plantearon el rechazo a la privatización de la educación, los recursos naturales, agua, litio y minerales y demandaron el desarrollo del agro y alimentación, salud y trabajo digno para todos.
Al reconocer que hubo algunas diferencias en la reunión que acordó protestas continuas en Lima y en todo el país, desde el 19 hasta el 28 de julio, un informe de la misma consigna que las mismas se debatirán en un segundo encuentro.
La cita del pasado fin de semana contó con la participación de la Confederación General de Trabajadores (CGTP) y la Central Única de Trabajadores (CUT), así como organizaciones regionales, campesinas y vecinales de los barrios populares de Lima.
Los participantes dejaron en claro que las protestas constituyen una Jornada Nacional de Movilización Permanente y descartaron el nombre de “Toma de Lima” que insisten en usar el Gobierno, la Policía y la prensa adversa a las manifestaciones, que las presentan como una amenaza violenta.
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