El pequeño grupo apostado frente a la sede gritó consignas y amenazas contra el presidente del JNE, Jorge Salas, por su decisión de apelar a instancias judiciales internacionales contra la arremetida en su contra y advertir que esta es una amenaza contra la democracia.
Carteles insultantes y maderos en mano, los extremistas exigían la destitución de Salas, por lo cual está en proceso el pedido de una congresista de derecha extrema, de someterlo a juicio político por el Legislativo, pese a que el Jurado es constitucionalmente autónomo.
“Los anticomunistas no vamos a retroceder, nuestra consigna es enviar a la cárcel a este prevaricador (Salas); nosotros lo que nos proponemos, lo conseguimos y lo vamos a conseguir con el apoyo de la Fiscalía y del Congreso”, afirmó mediante un megáfono uno de los participantes.
Admitió así las denuncias de acción concertada entre el Congreso y organismos a cuyas autoridades ha nombrado, como el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.
“La Resistencia” realiza similares acciones contra personalidades políticas progresistas y en los últimos días acosó la casa de la familia del ex primer ministro y conocido actor Salvador del Solar -quien se encuentra en el exterior- y la de la analista conservadora Rosa María Palacios.
Palacios denunció la inacción policial con quienes han actuado violentamente en algunos casos y en particular contra activistas de derechos humanos y movilizaciones populares y ha llegado al extremo de lanzar basura y hasta excrementos a las casas de sus víctimas.
Criticó en particular al jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dirincri), Óscar Arriola, hasta hace poco titular de la Dirección Contra el Terrorismo, por haberse fotografiado en público con una conocida activista de La Resistencia y lo calificó como posible cómplice del grupo.
El presidente del JNE, por su parte, criticó la indolencia de algunos fiscales que se han abstenido de actuar contra amenazas de muerte recibidas por integrantes de la corte electoral y para inhibirse alegaron que las amenazas pueden interpretarse como una forma de ejercer la libertad de expresión.
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