En el texto publicado en la red social Twitter, la organización religiosa señala que “existen justificadas inconformidades de las comunidades, organizaciones y líderes ambientales que han advertido de los efectos dañinos para la salud de las personas y el medio ambiente”.
De acuerdo con la CEP, para este tipo de contratos, el Estado panameño debe respetar el marco constitucional y las normas internacionales que han firmado, relativas a la protección de los recursos naturales.
También cuestionaron el crecimiento económico prometido si este no genera mayor justicia social y que el desarrollo tenga como centro la persona y el bien común.
“Ante el tema minero, nos sorprende que diversos gobiernos de la República hayan otorgado licencias de exploración y explotación en diversas regiones del país, sin haber realizado consultas efectivas con la sociedad y, especialmente, con las poblaciones directamente afectadas”, agrega el mensaje.
Para la CEP, ese ha sido el Talón de Aquiles del actual modelo de crecimiento del istmo, que generado mucha desigualdad y se muestra incapaz de incluir a las grandes mayorías en sus beneficios.
«En Panamá vivimos la paradoja de haber experimentado, en los últimos años, el crecimiento económico más significativo de América Latina, incluso después de la Covid-19, pero no se refleja en una mejor calidad en los servicios de salud, educación y seguridad social, cuya crisis está afectando a cientos de jubilados y pensionados», concluyó la CEP.
El convenio, que según el Ejecutivo generaría ingresos de 375 millones de dólares anuales por la explotación y comercialización de cobre en la mina de Donoso(Colón), es criticado por organizaciones ambientalistas y sociales que recuerdan que la ley que lo ampara fue declarada constitucional en 2017 por la Corte Suprema de Justicia.
Para la directora del Centro de Incidencia Ambiental, Lilian González, la existencia de un pacto con la filial de la trasnacional canadiense First Quantum promueve además la creación de enclaves que ceden la soberanía nacional a grupos foráneos.
La experta adelantó a la prensa diversas acciones de repudio al publicitado arreglo oficial para presionar a la Asamblea Nacional (Parlamento) que no avalen ese texto que lesiona el patrimonio.
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