En la investigación están involucrados los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), Luis Enrique y Ricardo Alberto, pero a escasos dos días de celebrarse la vista el próximo lunes, abogados de la defensa presentaron excusas, entre ellas por incapacidad médica.
La audiencia se realizará en fecha alterna del 22 de agosto al 11 de septiembre, precisó la fuente gubernamental que agregó que el juzgado designó a representantes públicos para asistir a los imputados ante cualquier ausencia de alguno de los defensores técnicos particulares.
Este proceso penal guarda relación con hechos acontecidos en 2017 en alusión a la sociedad anónima Blue Apple, creada por varios ciudadanos con el propósito de disfrazar o lavar dinero obtenido de coimas y sobornos.
El caso involucra más de 82 millones de dólares que se utilizaron para blanqueo de capitales, según la fiscalía que indicó en su comunicado que la investigación está relacionada con empresas constructoras que entre 2011 al 2014 encontraron contratos adjudicados con el Estado.
Por este caso ya condenaron en marzo pasado a 10 años de prisión a Adolfo De Obarrio, secretario privado de Martinelli por el delito de blanqueo de capitales y corrupción.
El 16 de noviembre de 2021, la jueza Baloisa Marquínez decidió llamar a juicio a dos imputados por corrupción, otras 11 personas por presunta asociación ilícita y 26 ciudadanos que son investigados por blanqueo de capitales.
Además de los hijos de Martinelli aparecen en este caso el exministro de Obra Públicas Federico Suárez , el exgerente de Factor Global Inc Joaquín Rodríguez y el representante legal de la sociedad Blue Apple Federico Barrios.
Esta investigación, que consta de 352 tomos, se inició el 30 de octubre de 2017 y tiene relación con una presunta red de corrupción integrada por funcionarios, empresarios y abogados, que supuestamente solicitaban comisiones a contratistas para la adjudicación de licitaciones con el Estado.
Según la jueza, se probó que había tres esquemas para blanquear los dineros: el uso de sociedades anónimas para la compra y venta de bienes inmuebles; el uso de intermediarios financieros, y el uso de cuentas de recaudación.
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