Por Jorge Petinaud Martínez
Corresponsal jefe en Bolivia
“Lamento mucho que declaraciones falaces e irresponsables de diputados llamados «renovadores» se conviertan en justificativo político de la derecha golpista que ahora se apoya en esas mentiras para buscar impunidad”, escribió el exjefe de Estado.
Morales rechazó y condenó en Twitter lo que denominó mentiras y calumnias que tratan de justificar la asonada cívico-militar-policial de noviembre de 2019.
Argumentó que ese mentís rotundo lo hacía “por responsabilidad ante mi pueblo, la historia, la militancia del MAS-IPSP y hermanas y hermanos presidentes y expresidentes que nos salvaron la vida, por nuestros hermanos masacrados, perseguidos y encarcelados que hasta el día de hoy no tienen justicia”.
Insistió en que “con tal de atacar a Evo son capaces de negar justicia para las víctimas del gobierno de facto y tergiversar la historia. El pueblo es sabio y tiene memoria. La verdad y la unidad se imponen ante el odio, el oportunismo y la falsedad”.
TESTIGO DE EXCEPCIÓN El exvicepresidente del Estado Plurinacional durante los mandatos de Morales, Álvaro García Linera, por su parte, como testigo de excepción de los acontecimientos en 2019, negó que Morales solicitara a las organizaciones sociales que pidieran su renuncia.
De “canallada” calificó García Linera los dichos de Flores y la también legisladora Daysi Choque, sobre quienes aclaró en Fama Poder y Ganas, de Radioactiva de Bolivia, que no estuvieron en las reuniones previas a la dimisión de Morales.
“A las 06:00 (hora de Bolivia del 10 de noviembre) comenzó la reunión con el Pacto de Unidad y la COB. Estaba la compañera Gabriela Montaño, Juan Ramón Quintana y quizás algún ministro más”, describió el exvicetitular.
Evocó aquel encuentro como un desayuno fundamentalmente para ver la movilización que los dirigentes iban a llevar a cabo a fin de proteger la Casa Grande del Pueblo (sede gubernamental).
Recordó que el ejecutivo de la Confederación Obrera de Bolivia (COB), Juan Carlos Huarachi, estableció el compromiso de movilizar a compañeros de las minas. Agregó que, igualmente, los de los movimientos sociales Interculturales y de las mujeres Bartolina Sisa dijeron que tardarían un poco, pero iban a movilizar cinco mil, 10 mil.
García Linera comentó que después todos se retiraron para iniciar esa movilización, y “fue una sorpresa que el señor Huarachi saliera a pedir la renuncia de Evo, para nosotros eso fue una puñalada”, expresó.
Insistió en que, en ningún momento en la reunión, que se llevó a cabo en un hangar de la Fuerza Aérea, se habló o se mencionó la palabra renuncia, y fue Evo, horas después del encuentro, quien comunicó al exvicemandatario, a los exministros Gabriela Montaño y Juan Ramón Quintana y a la exsenadora Adriana Salvatierra que renunciaría.
EL PAPEL DE LOS MILITARES
La actual ministra de la Presidencia del Gobierno de Luis Arce, María Nela Prada, salió al paso a la negativa de un golpe de Estado en 2019, y resaltó el papel decisivo que en esto tuvieron las Fuerzas Armadas y la Policía.
“Estas solicitudes de renuncia son las que configuran un escenario, no de las que ahora algunos, de manera muy conveniente, como siempre buscan agarrarse de algo que les es útil para salvarse o lavarse las manos de su responsabilidad ante la historia y el pueblo”, explicó al rebatir la idea de “autogolpe” promovida por Áñez, Camacho y Mesa.
Prada argumentó que los mandos militar y policial pidieron en noviembre de 2019 a Morales dejar el cargo, lo que representó quedar sin apoyo de las instituciones con poder de fuego llamadas a defender la democracia.
Camacho confesó después en un video transmitido por la televisión nacional que su padre, José Luis, “arregló” con militares y policías para que le quitaran el respaldo al Gobierno del MAS-IPSP. Sobre Áñez, advirtió Prada, que “se va al Palacio, donde le pone la banda presidencial un militar, esa imagen viene a sellar lo que estaba viviendo nuestro país, un golpe de Estado”.
El 14 de noviembre de 2019 la exgobernante de facto firmó el Decreto Supremo 4078 que exoneraba de responsabilidad penal a militares y policías en la represión contra quienes exigían en las calles el retorno de la democracia.
Con esa patente de corso ocurrieron las masacres de El Pedregal, Sacaba y Senkata, que dejaron un saldo de 38 muertos, cientos de heridos de bala, y miles de encarcelados y torturados arbitrariamente.
Respecto al papel decisivo de militares y policías en lo que insistió que fue un golpe, Prada advirtió que no es lo mismo que un dirigente pida la renuncia de un presidente a lo hagan mandos castrenses o policiales.
Además, recordó que policías se unieron a los grupos paramilitares golpistas en la persecución, secuestros, torturas, saqueos e incendios contra las autoridades y sectores sociales y personas identificadas con el MAS-IPSP.
(Continúa)
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