El “Plan Verde 2023” fue inaugurado por el ministro Vicente Romero y por el jefe de la Policía Nacional, general Jorge Angulo, y el primero reconoció que está motivado por el anuncio de las marchas a Lima que se iniciarán el 19 de julio y continuarán hasta el 28 de julio, día del aniversario nacional.
El plan gubernamental confirma el enfoque policial y de orden público que el Gobierno tiene sobre las protestas, según declaró la semana pasada el primer ministro Alberto Otárola.
El reforzamiento del control del ingreso desde el sur -donde las protestas anteriores alcanzaron su mayor intensidad- fue inaugurado en el control carretero de Pucusana, a decenas de kilómetros del centro de Lima.
El ministro Romero precisó que más de 100 policías, junto a fiscales, se encargarán de controlar uno por uno a quienes lleguen a la capital o salgan hacia el sur y de registrar los vehículos.
El control dará “un poco más de tranquilidad a todos los ciudadanos, especialmente en Lima, dado que esta marcha se aproxima”, dijo.
El jefe de la Policía, a su vez, declaró que el control busca evitar que ingresen a Lima elementos vinculados a organizaciones criminales, buscados por la justicia o que porten armas o explosivos y quienes lleguen a marchar deberán presentar su carné de identidad y serán fotografiados y grabados en video.
El control se complementa con un despliegue de fuerzas policiales en la ciudad y pese a las medidas tomadas, Romero sostuvo que “esta mal llamada protesta” carece de acogida en la población, que solo quiere trabajar.
Añadió que se debe dejar de lado lo que llamó “venganzas y odios de pequeños grupos”, aunque diversas encuestas indican una desaprobación mayoritaria a la presidenta Dina Boluarte.
Las protestas, según sus organizadores, que advirtieron contra posibles exceso represivos, continuarán hasta el 28 de julio, día nacional de Perú, en demanda de la renuncia de la mandataria y elecciones adelantadas presidencial y legislativa.
Organizaciones sindicales, agrarias, regionales, vecinales y de diversa índole convocantes de las movilizaciones exigen además una asamblea constituyente y sanción para los autores y responsables de más de 60 muertes durante las protestas que, con similares objetivos, se realizaron entre diciembre y marzo últimos.
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