El director general, Pierre Espérance, señaló a una radioemisora local que con esas acciones el Consejo Superior del Poder Judicial (CSPJ) irrespeta los intereses de la sociedad.
Hay que repensar el CSPJ, que no muestra independencia en el expediente de certificación de magistrados, dijo Espérance a la multiplataforma AlterPresse y consideró “vergonzoso” que jueces como Bernard Saint-Vil, exdecano del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Príncipe; así como Kébreau Zamor y Mathieu Chanlatte no fueran separados del sistema de justicia.
A finales de junio pasado, el CSPJ anunció la expulsión de siete magistrados por certificaciones fraudulentas y ausencia de integridad moral.
Entre los afectados figura Dudier Prophète, del Juzgado de Paz de Quartier-Morin, a quien se le retiró la certificación por supuesta falta de integridad moral por solicitar importes monetarios a los litigantes.
Por su parte, al magistrado Luc Kerlin Charles, del tribunal de Saut-d’Eau, se le acusa de falsificar títulos de fin de estudios secundarios, mientras que al exdecano del Tribunal de Primera Instancia de Croix des Bouquets, Lionel Ralphe Dimanche, se le señala por su implicación en casos probados de expoliación, al igual que su colega Bruno Leriche.
En enero, la instancia judicial separó a otros 30 jueces y comisionados de Gobierno por razones similares y un mes después prohibió que ocuparan sus plazas o ejercieran funciones en el seno de la magistratura.
Para la Asociación de Secretarios Judiciales de Haití la separación de magistrados corruptos o sin estudios suficientes es un paso en la dirección correcta para sanear el sistema judicial, aunque advirtió que el proceso debe estar abierto a los reclamos de abogados que piden revisión de sus expedientes.
Por su parte, organizaciones de derechos humanos como Je Klere y Nou pap konplis exigieron que se adopten medidas contra los letrados, y sugirieron la congelación de sus activos y la prohibición de ejercer la docencia.
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