Por otra parte, el Ejecutivo decretó una prórroga de 30 días al estado de emergencia que rige en la red nacional de carreteras, para garantizar el libre tránsito, tras afirmar el ministro del Interior, Vicente Romero, que la Policía Nacional usa todos sus recursos ante las protestas, que se prolongarán por 10 días.
El secretario de Organización de la Confederación General de Trabajadores (CGTP), Manuel Coronado, rechazó las declaraciones de Romero y otros titulares -secundada por políticos y medios de prensa derechistas- sobre el supuesto riesgo de violencia e infiltración terrorista en las movilizaciones.
“Están sembrando miedo, como último recurso para desalentar la participación de la gente en las marchas”, declaró el líder sindical a Prensa Latina, al reiterar el carácter pacífico que asegura la Coordinadora Nacional Unitaria de Lucha que convoca las movilizaciones a desarrollarse del 19 al 28 de julio.
Agregó que el Gobierno apela al miedo tras el fracaso de su política de criminalización de la protesta con medidas como el registro minucioso de todos quienes lleguen a los accesos a Lima a participar en las marchas que demandan la renuncia de la presidenta Dina Boluarte.
Coronado se sumó al pedido de un dirigente provinciano, de que la Policía acompañe las marchas en los flancos y las vigile con drones, para comprobar su desarrollo pacífico
Entretanto, la amplitud de la marcha se evidenció en el apoyo que le brindaron personalidades de centro y centro-derecha como el exministro de Trabajo del Gobierno nacionalista de Ollanta Humala, Rudecindo Vega.
También manifestaron su decisión de participar en las marchas la exministra de la Mujer Gloria Montenegro y la comentarista política conservadora Rosa María Palacios.
El secretario general de la CGTP, Gerónimo López, informó que brigadas sindicales vigilarán la posible injerencia de provocadores que generen violencia, para impedir que lo logren
La marcha es organizada por el Comité de Lucha integrado por representantes de centrales nacionales de trabajadores, agricultores, rondas campesinas y organizaciones regionales y, en el caso de Lima, comités vecinales de los barrios populares, entre otras.
La protesta demanda elecciones generales adelantadas, una asamblea constituyente, sanción a autores y responsables de 66 muertes durante las protestas realizadas contra el Gobierno entre diciembre y enero últimos y rechaza la presencia de tropas norteamericanas en Perú.
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