“Hacemos un llamado a los ciudadanos y ciudadanas que quieran ejercer el derecho de reunión, el derecho a manifestación y protesta, lo hagan de manera pacífica”, señala un comunicado emitido por el Consejo tras una reunión que congregó a representantes de los poderes del Estado.
El texto llama también a las autoridades “a aplicar, conforme a ley, el uso legítimo de la fuerza y a garantizar la seguridad e integridad de quienes participarán en la marcha, así como la paz y tranquilidad de quienes deciden no hacerlo”.
La exhortación fue hecho en la misma jornada en que cinco mil policías y alumnos de las escuelas de oficiales y agentes de la Policía Nacional hicieron un desfile en el centro de la ciudad, que la prensa calificó como demostración de fuerza ante las inminentes protestas.
Tras lo que oficialmente se llamó ensayo para la parada militar por el aniversario nacional, el jefe de la Policía, Jorge Angulo, preguntado sobre la posibilidad de violencia durante las próximas marchas, respondió que “nosotros estamos preparados para todo”.
Tanto los miembros del Gobierno como medios de prensa hostiles a las protestas coincidieron en asociarlas insistentemente con posibles acciones terroristas.
La Coordinadora que las convoca rechazó tajantemente al subrayar su carácter pacífico y denunciar intentos del Ejecutivo de criminalizar las protestas y atemorizar a la población para que no participe en las demostraciones que persiguen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y elecciones generales adelantadas, entre otros puntos.
En la reunión del Consejo de Estado, encabezada por Boluarte, participaron el primer ministro, Alberto Otárola, y los titulares de Defensa, Jorge Chávez, y del Interior, Vicente Romero.
También asistieron los presidentes del Congreso, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y la Junta Nacional de Justicia; el contralor general general, el defensor del Pueblo y la representante del Jurado Nacional de Elecciones, Delia Espinoza.
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