Convocada por grupos religiosos y civiles conservadores y alentada por congresistas afines, la Marcha por la Paz coincidió en su recorrido y simbología con los realizados en los últimos años por esos sectores con ambiciones electorales y contra al fenecido gobierno de Pedro Castillo, encarcelado y destituido en diciembre de 2021.
Los participantes llevaban banderas blancas, peruanas y globos blancos, y coreaban lemas contra la violencia que la campaña adversa a las protestas atribuye a estas.
Mientras, la Policía continuó sus aprestos ante la cercanía de las marchas a iniciarse el 19 de julio y, según la Coordinadora Nacional de Lucha que las convoca, continuarán por 10 días en todo el país y, en Lima, con el concurso de manifestantes llegados del interior .
El énfasis dado por el Gobierno a la posibilidad de violencia fue condenado por la coordinadora ayer ante la prensa.
Confirmó el carácter pacífico de las protestas, ratificó la demanda de renuncia de la presidenta Dina Boluarte y nuevas elecciones generales, y denunció aprestos represivos oficiales.
El Gobierno, a su vez, reunió al Consejo de Estado (órgano consultivo integrado por titulares de poderes del Estado y organismos autónomos), el cual emitió un comunicado que subraya la constitucionalidad del cargo de Boluarte.
Pide a los manifestantes marchar pacíficamente y a la Policía que haga uso legítimo de la fuerza, conforme a la ley.
«Están sembrando miedo, como último recurso para desalentar la participación de la gente en las marchas», dijo el dirigente de la Confederación General de Trabajadores, Manuel Coronado.
Ante el riesgo de acciones represivas como las registradas en las protestas contra el ascenso de Boluarte a la presidencia como sucesora del destituido y encarcelado Pedro Castillo –con un saldo de 66 muertos-, en su mayoría baleados durante manifestaciones.
Los temores de las organizaciones sociales aumentaron con la demostración de fuerza hecha ayer por la Policía, cuando cinco mil agentes y alumnos y carros blindados marcharon con el evidente fin de mostrar su poderío ante la inminencia de las manifestaciones.
Coincidentemente, una misión de parlamentarios de Cataluña, España, dio cuenta de sus conclusiones tras una visita de observación, y consignó que en aquellos sucesos hubo «una vulneración grave de derechos fundamentales».
Al respecto dijeron que los principios democráticos están siendo vulnerados en Perú.
Los legisladores catalanes visitaron regiones, en las cuales la represión fue mayor, como Puno, donde se registró la mayor mortandad, y reportaron que los familiares de los caídos comunicaron temer que haya más muertos en las próximas protestas.
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