La decisión alentó los señalamientos opositores en cuanto a que se trata de un copamiento de los poderes y las instituciones del Estado por parte del Congreso de mayoría conservadora, mediante el nombramiento de autoridades afines.
La citada corte desestimó la denuncia presentada porque en mayo de 2021, el actual alcalde, Rafael López Aliaga, lanzó las amenazas en una concentración electoral contra Castillo, vencedor en la carrera electoral.
López Aliaga gritó “¡Muerte al comunismo, muerte a Castillo, muerte a Cerrón!”, este último el médico Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, partido del que fue candidato Castillo, elegido a la postre jefe de Estado y destituido y encarcelado.
Pese a lo explícito de las exclamaciones, el Tribunal Constitucional consideró que “no constituye la constatación irrefutable de una amenaza cierta e inminente de los derechos a la vida e integridad personal”.
La denuncia fue previamente desestimada por el Poder Judicial y pedía que le corte requiera al actual alcalde Limeño “abstenerse de atentar contra la vida e integridad personal» de Castillo y Cerrón, toda vez que han sido amenazados de muerte públicamente».
Tras el incidente de 2021, el Tribunal de Honor Electoral criticó la amenaza del político derechista, quien alegó que se había referido a una “muerte política”.
El Tribunal de Ética, dictaminó que “La instigación a la muerte, sin aclarar simultáneamente si se trata de una muerte real o política, durante los discursos públicos no solo socavan las bases de la democracia”.
“Además generan un ambiente de intolerancia e incitación al odio y a eventuales acciones de violencia en la población”, agregó entonces esa instancia.
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