En un comunicado conjunto, organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y la Fundación del Debido Proceso se sumaron al pedido similar hecho por la Misión permanente de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Perú.
El comunicado de las agrupaciones estadounidenses exhorta al Estado peruano “a cumplir con sus obligaciones de respetar, facilitar y proteger el ejercicio pacífico del derecho a la protesta de las y los peruanos” ante las protestas a iniciarse mañana.
Señala que las manifestaciones, que exigen como primer punto la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, se producen “en medio de la crisis institucional y de derechos humanos que vive el Perú desde diciembre de 2022, cuando comenzaron más de dos meses de protestas contra el ascenso de Boluarte al cargo.
Las demostraciones, agrega la declaración, se deben también a la falta de una salida adecuada a la grave crisis que enfrenta el país y es preocupante la reacción de las autoridades, de intentar limitar el ejercicio del derecho a la protesta.
Menciona al respecto los registros de viajeros que llegan a Lima desde el interior, amenazas de uso de la fuerza contra los manifestantes, exigencia de permisos y registro a las personas que ingresan a Lima, así como la criminalización de la protesta.
“El discurso oficial así como esas medidas parecen buscar un efecto disuasivo e incluso intimidatorio en quienes pensaban participar en las protestas”, afirma.
Añade que la Misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Perú y otros organismos dedicados al tema verificaron que las fuerzas de seguridad del Estado cometieron graves violaciones de los derechos humanos contra quienes protestaron en las anteriores protestas.
Refiere el saldo de 49 manifestantes y transeúntes muertos en aquellas manifestaciones, la gran mayoría por proyectiles de armas de fuego, casos que en algunas ocasiones podrían calificar como ejecuciones extrajudiciales.
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