Integrantes de la Coordinadora de las movilizaciones, que acusan al Gobierno de criminalizarlas e intentar vincularlas con posibles actos terroristas, anunciaron también que estarán alerta ante posibles provocadores o policías infiltrados.
El secretario general de la Confederación General de Trabajadores (CGTP), Gerónimo López, indicó que la consigna del movimiento de protesta, que demanda la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, es que las marchas sean pacíficas, evitando provocaciones.
“Estaremos atentos a los infiltrados que intenten afectar la marcha para expulsarlos inmediatamente”, dijo, al demandar que no haya restricciones para la marcha, como las establecidas por el alcalde de Lima, que ha prohibido las marchas y concentraciones en el centro histórico de la ciudad.
Similares previsiones anunciaron dirigentes de las regiones andinas de Cusco, Puno, Junín y la costera de Piura, entre otras, mientras en Lima sectores ajenos a anteriores protestas, como el centrista Partido Morado.
Simultáneamente, las organizaciones organizan la recepción y alojamiento de manifestantes que llegarán del interior y, según lo previsto, avanzadas de marchistas comenzaron a llegar a Lima.
Entre esos grupos, esta una delegación de mujeres indígenas aymaras de Ilave, provincia de la región de Puno, bastión de las protestas contra el ascenso de Boluarte a la presidencia, que entre diciembre y mayo últimos dejaron un saldo de 49 muertes.
Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Romero, confirmó que 24 mil policías, la mitad en Lima, están desplegados para controlar las marchas o, según dijo, dar seguridad a los manifestantes y a quienes no marchen.
Romero sorprendió al declarar sobre el movimiento de descontento que “detrás de todo esto hay un tema ideológico, vamos a dar muy pronto un golpe muy importante” y cuando le preguntaron si el golpe desbaratará las protestas, solo respondió “por supuesto”.
A su vez, la Misión de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Perú informó que observará de cerca “la situación de derechos humanos en el marco de la reanudación de las manifestaciones anunciadas” y llamó a que se desarrollen de manera pacífica.
La coordinadora de las movilizaciones había pedido observadores de organismos internacionales y nacionales de derechos humanos ante el riesgo de que se repitan las muertes de diciembre y enero.
Por su parte, la Conferencia Episcopal, que congrega a los obispos católicos, recordó en un comunicado que “el respeto a los derechos humanos es una obligación de todos, de ciudadanos y agentes del orden, y todos debemos ser rigurosos en su estricto cumplimiento”.
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