El exgobernante es el candidato presidencial del partido Realizando Metas (RM) hacia los comicios generales de 2024, lo que para la exprocuradora de la Nación Ana Matilde Gómez ese fallo no lo inhabilita a correr en las próximas elecciones.
Para Gómez, el multimillonario, quien también deberá responder ante la misma jueza Baloisa Marquínez, en agosto próximo, por los pagos de coimas de la constructora brasileña Odebrecht, sigue siendo el abanderado de esa tolda hasta que no haya una condena en firme y no se hayan agotado todos los mecanismos internos de revisar la decisión.
A juicio del analista político José Stoute, la condena firme debe darse de aquí a septiembre, caso contrario todo quedará en manos de la población en las urnas.
«Si se da una condena firme en septiembre el señor Martinelli deberá nombrar a otra persona- su compañero de fórmula- para que asuma el cargo de candidato presidencial por su partido», indicó.
Mientras el secretario general de RM, Luis Camacho, aseveró a la prensa que el exabrupto jurídico tendrá respuestas legales y políticas.
La sentencia a Martinelli y otros cuatro imputados en la compra del emporio de medios informativos ( Panamá América, Día a Día y Crítica) también ordenó la disolución de dos sociedades y el decomiso de las acciones de la Editora Panamá América S.A (Epasa) a favor del Estado, así como la administración de bienes muebles e inmuebles.
Martinelli además deberá pagar una multa de 19,2 millones de dólares.
Sin embargo, el abogado Roberto Ruíz consideró que la sentencia queda en suspenso hasta que finalice el proceso judicial del caso.
«La condena es el primer paso, cuando culmine en firme el Estado tendrá que ver cómo cobra la multa y también el tema de la toma de las acciones», puntualizó.
Otros expertos apuntan que el fallo de Marquínez, dado a conocer la víspera, todavía no está “ejecutoriado”, ya que actualmente está en etapa de notificación de las partes.
Y son 15 imputados (cinco declarados culpables y 10 absueltos), 12 abogados defensores y la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, en representación del Ministerio Público.
Señalan además que, al ser una sentencia de primera instancia, puede ser recurrente ante el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales y ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Lo que sí queda más claro es que el 31 de octubre próximo es fecha clave en el calendario electoral, pues hasta ese día, los partidos políticos podrán hacer sus últimas postulaciones en papel (por la vía electrónica, el cierre es a las 23:59 hora local del 29 de octubre).
Si la sentencia contra Martinelli está ejecutoriada antes de esa fecha, el Tribunal Electoral (TE) no debe recibir la postulación del exmandatario a la consulta del 2024, pero de no darse el caso, podría aceptarla.
Si posteriormente ( después del 31 de octubre) la sentencia queda en firme y, por tanto, el condenado queda inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas, su compañero de nómina (que es el postulado a vicepresidente) quedará como candidato principal.
Sobre el tema el líder y precandidato presidencial del partido Panameñista, José Isabel Blandón, recordó que si bien la jueza en su dictamen no inhabilita expresamente a Martinelli para ejercer cargos públicos, “la Constitución lo dice: no puede ser candidato”.
Para varios analistas lo que está en juego, como antes, es si continúa la impunidad galopante en delitos de alto perfil o se impone la llamada certeza de castigo y hasta la credibilidad del propio sistema judicial panameño, en el entendido de que Martinelli se ha enfrentado a otros procesos penales y ha salido ileso.
La vista por el caso New Business se basó en la apertura de causa criminal el 9 de diciembre de 2022 por la jueza Marquínez.
La investigación consta de 164 tomos y comenzó en 2017, cuando el Ministerio Público (MP) tuvo conocimiento de la comisión del delito contra el orden económico por la compra irregular de un conglomerado de medios informativos.
De acuerdo con la Fiscalía, los desembolsos en el caso New Business fueron entregados por empresas que a su vez recibieron contratos para distintas obras de infraestructura. Todas estas acciones se ejecutaron también en el periodo 2009-2014.
Para la compra de Epasa se recolectaron 43,91 millones de dólares en diciembre de 2010, según la Fiscalía, que afirma que Martinelli contactó a contratistas, aportó dinero y resultó ‘beneficiario’ al poseer el 60 por ciento de las acciones.
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