A pesar de que el Ejecutivo ha intentado negar trascendencia a las protestas, la mandataria le dedicó un mensaje que osciló entre descalificaciones al movimiento en su contra y una oferta de diálogo que rechaza tratar las demandas planteadas, de carácter político, y está condicionado a limitarse a una agenda solo social.
La misma fórmula fracasó ante las protestas de diciembre a marzo últimos, que registraron 49 muertos en manifestaciones, casi todos en el interior y la mayoría en la región surandina de Puno.
El saldo letal y la masiva y creciente desaprobación a Boluartye en las encuestas, para los dirigentes de las nuevas protestas hace inviable la continuidad de la permanencia de la mandataria en el cargo, aunque ayer en su mensaje al país dijo que tiene un largo trecho por recorrer como gobernante.
La excandidata presidencial progresista Verónica Mendoza, quien visitó diversos puntos del país llamando a la protesta, declaró ayer que el Gobierno promueve la violencia al desplegar masivamente policías y desarrollar una campaña de amedrentamiento y “terruqueo” (llamar terroristas o afines a quienes protestan).
Mendoza señaló a la presidenta como responsable de las muertes de manifestantes y transeúntes, así como de seis soldados indígenas ahogados en un río durante las manifestaciones en la región surandina de Puno.
También la responsabilizó de lo que pueda ocurrir de hoy en adelante, por su empeño en aferrarse al poder, a lo que Boluarte respondió que el de Mendoza era un mensaje de odio.
Las nuevas manifestaciones opositoras se realizarán no solo en Lima, a donde llegan manifestantes de provincias, sino en el interior del país, según los dirigentes del movimiento.
Ante la llegada de provincianos, el Gobierno reforzó los controles en los accesos a Lima, donde la Policía identifica y registra fotográficamente y en video a quienes llegan a protestar.
En las anteriores protestas llegaron también manifestantes provincianos, sin que hubiera una gran participación de capitalinos y esta vez se han comprometido en la protesta organizaciones diversas, incluyendo las de vecinos de los barrios populares capitalinos.
Los descontentos exigen, además de la renuncia presidencial, elecciones generales adelantadas y justicia por las muertes registradas en las anteriores protestas, entre otros puntos.
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