De acuerdo con el calendario establecido, el proceso de discusión terminará el 31 de julio y las propuestas serán sometidas a votación para decidir si se incorporan al texto a partir del 1 de agosto.
El proyecto original fue elaborado por un grupo de expertos nombrado a partes iguales por el Senado y la Cámara de Diputados, que debieron mantener una serie de límites, o bordes, y trabajaron bajo la tutela de un comité técnico de admisibilidad.
La responsabilidad plena de la redacción final de la carta magna recae en el Consejo Constitucional, donde hay mayoría absoluta del extremista Partido Republicano y la coalición de derecha Chile Vamos, que pueden imponer su criterio sin ningún obstáculo.
Buena parte de las enmiendas presentadas vienen de este sector y varias son consideradas como un retroceso para las garantías y derechos humanos, económicos, sociales y culturales de la población.
En materia de salud, por ejemplo, proponen que cada persona tenga derecho a elegir la entidad prestadora de ese servicio, sea estatal o privada, lo cual significa elevar a rango constitucional a las aseguradoras particulares y dejarlas fuera de control gubernamental.
Igual situación ocurre con las administradoras de fondos de pensiones, que recaudan las cotizaciones de los trabajadores, lucran y obtienen grandes beneficios con ellas y pagan ínfimas jubilaciones.
El Partido Republicano se dispone a eliminar la interrupción voluntaria del embarazo por las tres causas permitidas en la actualidad, violación, malformación grave del feto o peligro para la vida de la madre.
Las garantías laborales también quedan restringidas al limitarse el derecho de huelga al marco de una negociación colectiva con los empleadores.
También corren peligro la paridad de género en los cargos públicos por elección popular y la preeminencia de los tratados internacionales por encima de las leyes internas del país, entre ellos los referidos a los derechos humanos.
El texto resultante del trabajo de los consejeros será sometido a plebiscito con voto obligatorio el 17 de diciembre y si es rechazado por la mayoría de la población quedará vigente durante varios años más la carta magna impuesta en 1980 por la dictadura militar.
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