“Nuevamente la máxima institución electoral de la República está siendo objeto de diligencias practicadas por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público”, denunció mediante un comunicado dirigido a la ciudadanía.
Las operaciones de este día tuvieron lugar en las dependencias de Recursos Humanos y contra de Licenciada Eleonora Noemí Castillo Pinzón, Encargada del Despacho de la Dirección General del Registro de Ciudadanos, acotó.
Estas “no son coherentes ni congruentes, por el contrario, provocan un ambiente adverso a la legalidad”, señaló el TSE en el texto.
Pidió garantizar los principios fundamentales del debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, además del estricto cumplimiento de las leyes.
“Es fundamental fortalecer la institucionalidad de la máxima autoridad en materia electoral de Guatemala y por supuesto la integridad y la seguridad de las personas”, exigió.
Recordó que el país es una República cuyo sistema democrático privilegia las urnas como fuente de legitimidad de gobernantes y representantes electos.
También, subrayó, la alternabilidad en el poder político por medio del voto ciudadano en ejercicio de la soberanía popular.
La democracia es base del Estado del Derecho y condición indispensable para el ejercicio efectivo de los derechos humanos, enfatizó.
Descartó que sea exclusiva de alguna nación en específico o región del mundo.
“Todas las personas tienen derecho a la democracia y los Estados tienen la obligación de promoverla y defenderla”, remarcó.
Aseguró que privilegia la certeza y seguridad jurídica del voto. Por unas elecciones transparentes y eficientes, concluyó el pronunciamiento del TSE.
La FECI allanó esta mañana por segunda vez en apenas una semana el Registro de Ciudadanos del TSE, sin que trascienda el motivo oficial del operativo.
Distintas voces coincidieron en que los hechos guardan relación con la investigación en curso del caso contra el partido movimiento Semilla y su constitución.
La FECI llegó el jueves pasado al Registro de Ciudadanos del TSE en un aparatoso operativo ampliamente criticado por las organizaciones locales e internacionales, calificado de ilegal.
Organizaciones sociales insisten en expresar que defenderán los resultados de las votaciones del 25 de junio y claman por la renuncia de la actual fiscal general, Consuelo Porras, así como el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche.
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