La CNUL, un bloque de organizaciones sociales diversas y fuerzas políticas progresistas que organiza las protestas, señaló que la represión dejó varios heridos y detenidos, entre ellos el integrante de la coordinadora Franco Lucio, solo por interceder por un arrestado ilegalmente por repartir volantes contra la mandataria.
“¡Basta ya! Es innecesario, abusivo e ilegal que la Policía Nacional lance bombas lacrimógenas y reprima una movilización que era totalmente pacífica, tenemos todo el derecho de protestar en calles y plazas”, declaró a su vez la excandidata presidencial progresista Verónika Mendoza, quien participó en la movilización.
La acción policial desalojó con violencia la Plaza San Martín, ocupada por los manifestantes y cerrada a manifestaciones por una ordenanza municipal, sin tener autoridad para hacerlo, según la Defensoría del Pueblo.
La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) calificó también como injustificada la represión policial contra la población que ingresó a la citada plaza a expresar su rechazo al gobierno de Boluarte, a lo que, afirmó, tiene derecho.
El saldo fue un número no precisado de detenidos y heridos, entre ellos una mujer indígena lesionada tras ser lanzada por un policía desde la elevada base del monumento al Libertador José de San Martín, en la plaza del mismo nombre.
La Cnddhh denunció al respecto que la Policía usó nuevamente la violencia racista contra las mujeres indígenas llegadas desde la región surandina de Puno, territorio que fue bastión de las largas protestas desatadas contra el ascenso de Boluarte a la Presidencia, en diciembre de 2022.
La abogada de la Comision Mar Pérez denunció que una estación policial impidió el acceso de sus colegas defensores de los detenidos, lo que configura abuso de autoridad y está prohibido porque la incomunicación implica el riesgo de que los presos sean torturados.
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