La decisión fue tomada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la citada corte, a cargo del juez Juan Carlos Checkley.
El embargo abarca cuatro propiedades rurales del exmandatario, ubicadas en su provincia natal, Chota, de la región norandina de Cajamarca.
Esos bienes serán inscritos con impedimento de cambio de propietario, al igual que ocho inmuebles pertenecientes a Torres y ubicados en Lima, así como un automóvil.
El embargo fue aprobado dentro del proceso a Castillo por el presunto delito de rebelión o conspiración, cometido, según la Fiscalía, con el anuncio de disolución del Parlamento, el 7 de diciembre de 2022.
La Procuradoría pidió la incautación como garantía de la presunta reparación civil que tendrán que pagar en conjunto, quienes sean condenados, monto que esa instancia considera que debe ser de 67 millones de soles (más de 19 millones de dólares).
Castillo y Torres rechazan la acusación, alegando que el delito de rebelión se comete al usar las armas colectivamente contra el Estado, lo que señalan que no hicieron.
El exgobernante encarcelado y destituido el mismo día que anunció la disolución del Parlamento tiene pendiente además un proceso de investigación por presuntos cargos de corrupción, los que igualmente niega.
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