El director general de la institución Jacques Ludwig Joseph, subrayó la importancia de plantear “la espinosa y a menudo eludida” cuestión de la solicitud de actos sexuales como moneda de cambio en un servicio público.
Esto, indicó, con el fin de establecer un marco jurídico y proporcionar un carácter penal al delito.
Las discusiones se realizaron en el marco del taller Hacia la penalización de la “sextorsión” como acto de corrupción, que contó con la participación de funcionarios gubernamentales, representantes de plataformas de derechos humanos y asociaciones de la sociedad civil y el poder judicial.
Joseph señaló que el enfoque abordado se ajusta a lo dispuesto en el decreto del 8 de septiembre de 2004, que otorga a la ULCC competencias prelegislativas, con lo cual la entidad tiene el deber de investigar los factores que subyacen a la corrupción en el cuerpo de leyes, los reglamentos y las prácticas administrativas, con el fin de recomendar reformas destinadas a eliminarlos.
Asimismo, el directivo insistió en la necesidad de adoptar un enfoque multidimensional y tener en cuenta el carácter transversal de las cuestiones de género, pues, a menudo, son las mujeres las principales víctimas de ese flagelo.
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