La Fiscalía presentó un requerimiento de revelación de información en el marco de la investigación a la presidenta Dina Boluarte y varios que eran ministros cuando los uniformados dieron muerte a civiles entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
“Con esta figura se podrá obtener información sobre el accionar de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, considerada como ‘clasificada’”, indica el reporte.
“Así, de estimarse este pedido, el juez de la causa ordenaría a dichas instituciones castrenses la entrega de la información requerida”, agrega.
La solicitud fue planteada tras reiteradas denuncias de abogados y activistas de derechos humanos sobre la negativa de militares y policías a dar la información requerida por estar reservada, para lo cual invocan sus normas internas.
Durante las protestas contra el ascenso de Boluarte a la Presidencia, fueron abatidos 49 civiles, en su mayoría por proyectiles de armas largas e impactados en el torso o la cabeza, lo cual, según organismos humanitarios, evidencia la intención de darles muerte.
El Gobierno se ha abstenido de tomar medidas y ha dejado el problema en manos del Ministerio Público, cuya titular, Patricia Benavides, es objeto de señalamientos de quienes la consideran favorable al Ejecutivo, y los familiares de las víctimas se quejan por la lentitud y otras dificultades de las investigaciones.
Las actuales protestas sociales, como las anteriores, exigen la renuncia de la presidenta, nuevas elecciones generales y juicio y sanción para los autores y responsables de las muertes, entre otras demandas.
Informes de organismos internacionales de derechos consignan violaciones de derechos humanos en la represión de las protestas anteriores y señalan la necesidad de que se investiguen las muertes.
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