En declaraciones a Prensa Latina, el jurista especializado en casos de derechos humanos hizo el planteamiento al recibir con reservas el anuncio que el fiscal a cargo del caso, Marco Huamán, pidió al juzgado respectivo que requiera esa información al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional.
La información está referida a muertes durante las protestas -que dejaron un saldo de 49 muertos- tras asumir la presidencia la mandataria Dina Boluarte y los uniformados alegan que es confidencial para negarla.
Rivera explicó que sus reservas se deben a que ese pedido tiene un retraso de seis meses, pues personalmente pidió al fiscal Molina que lo haga en febrero pasado, tras la negativa inicial de los mandos militares y policiales.
Lamentó que haya “un inexplicable sometimiento a la arbitrariedad del Comando Conjunto respecto de un documento importante como los planes de operaciones” contra aquellas protestas.
Recordó que en la primera quincena de enero la Fiscalía de la Nación envió dos fiscales al mismo comando a recabar la citada información y se la negaron.
Semanas después, la Fiscalía pidió por escrito y el despacho del Comando Conjunto, general Manuel Gómez de la Torre, responde invocando un informe jurídico interno, que tienen la información pero no la va a entregar porque tiene carácter reservado.
Rivera agregó que, ante tal situación, sugirió a Huamán que proceda a incautar los documentos, así como proceden los fiscales en casos menos graves y el fiscal respondió que lo haría, pero no lo hizo.
Existe además está pendiente de cumplirse una orden de la Corte Penal Nacional al Comando Conjunto, dictada a fines junio último, de que entregue la información requerida, orden solicitada por la fiscal Mirela Coronel.
Adicionalmente, el periodista Ernesto Cabral obtuvo una sentencia judicial que declara de interés y acceso público los documentos en cuestión, pese a lo cual el Comando Conjunto insiste en la negativa.
Ante tal situación, a decir de Rivera, a la justicia solo le quedaría la opción abrir un proceso al general Gómez de la Torre por resistirse a decisiones judiciales y ocultar pruebas a la justicia.
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