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Cuestionan en Perú medidas de seguridad ciudadana contra migrantes

Lima, 29 jul (Prensa Latina) El énfasis puesto por la presidenta peruana, Dina Boluarte, en los migrantes, en especial venezolanos, como objetivo de 33 proyectos de seguridad ciudadana, recibió hoy cuestionamientos que se extienden a otros aspectos del anuncio.

La mandataria anunció en un mensaje al Congreso de la República por el aniversario de la independencia nacional, una serie de medidas para enfrentar el aumento y el agravamiento de la criminalidad y remarcó el problema de la delincuencia procedente del exterior.

Al respecto, planteó la expulsión sumaria de extranjeros detenidos en flagrancia delictiva y que ameriten sentencias de prisión suspendida o libertad condicional, lo cual, según expertos consultados, afecta a quienes hayan incurrido en hechos de menor gravedad o faltas y no a criminales avezados.

Según la periodista María Elena Hidalgo, Boluarte “asume el punto de vista del populismo derechista que falsamente atribuye el aumento de la delincuencia a la mayor presencia de extranjeros, especialmente venezolanos”, lo cual contrasta con el hecho de que solo cuatro por ciento de la población carcelaria son extranjeros.

El exviceministro del Interior Ricardo Valdés señaló que los proyectos plantean medidas de largo plazo y no soluciones de emergencia, y ha resaltado como aspecto más saltante que 10 mil extranjeros han sido denunciados por diversos delitos, cifra que constituye siete por ciento de los 144 mil delincuentes capturados.

Agregó que el problema mayor es el de 93 por ciento de peruanos que delinquen, frente a solo siete por ciento de extranjeros y centrar el tema en los foráneos es un error de Boluarte.

“Nos quiere hacer sentir que se hace cargo echándole la culpa a los venezolanos, diciendo que va a actuar contra ellos paras aminorar el problema, pero en realidad no resuelve el problema de fondo”, aseveró.

La presidenta anunció también un pedido al Parlamento de facultades para legislar normas más duras contra la inseguridad ciudadana durante 120 días, lo que ha encendido las alarmas en sectores jurídicos.

Tal pedido, según la jurista Cruz Silva, es un peligro, porque el Gobierno considera a los manifestantes opositores que realizan intensas protestas, como si fueran delincuentes. El Ejecutivo “no promueve seguridad, sino represión y un estado policial”, dijo.

En cuanto al anuncio de medidas contra la corrupción incluidas, el diario La República hizo notar que Boluarte solo se refirió a la corrupción estatal, y no planteó nada sobre el problema de que los grandes casos de ese delito se originan en sobornos de empresarios privados a cambio de negocios lucrativos con el Estado.

lam/mrs

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