En declaraciones a Prensa Latina, la dirigente se refirió a los casos de reporteros, sobre todo los que documentaban ataques a manifestantes, que en varios casos recibieron descargas de perdigones, golpizas y otras agresiones.
Señaló que en las protestas realizadas entre el 19 y el 29 de julio se repitieron los ataques sufridos por periodistas en las anteriores, entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
Láinez consideró grave que ninguno de esos casos ha sido investigado, ni sometido a la Justicia y las autoridades no han hecho nada para impedir que se repitan, por lo que los previsible es que continúen en forma impune.
Deploró la solución planteada por la Policía durante la anterior ola de protestas, de que los reporteros se mantengan en un punto, detras de los policías, con la advertencia de que, si salían de ese espacio, nadie se responsabilizaría de lo que pudiera sucederles.
“Ese protocolo era la peor solución, porque impedía la libertad de movimiento de los periodistas, en vez de ordenar a los policías que se abstengan de agredirlos”, manifestó.
La titular de la ANP planteó tratar el problema poniendo sobre la mesa las responsabilidades de las agresiones policiales porque, de lo contrario, las agresiones continuarán.
Por otra parte, el conocido periodista Jaime Herrera señaló que la hostilidad hacia la prensa ha sido dirigida en particular a aquellos que buscan recoger imágenes de abusos policiales.
Mencionó el caso del fotorreportero Juan Zapata, del portal de noticias Wayka, quie, dijo, el 19 de julio fue golpeado salvajemente en la cabeza por un policía en la gran marcha del 19 de julio y 10 días después un policía le disparó de cerca una descarga de perdigones en una pierna y lo mismo ocurrió con otros tres comunicadores.
Herrera fue testigo también de lo sucedido con Alejandra Elías, fotorreportera de la cadena de televisión latinoamericana Telesur, a quien “la policía arrojó al piso para luego pasar sobre ella pisándola”, dijo.
También refirió el caso del documentalista y profesor universitario Kenty Aguirre, sometido a maltratos y acusado del delito de disturbios, es decir de daños a personas o a bienes públicos o privados, de lo que, según su abogado, no hay ninguna prueba.
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