En declaraciones al canal de noticias TVN, el administrador de la ASEP, Armando Fuentes, precisó que, si bien el pliego tarifario debe ser revisado cada cuatro años, al menos en los próximos seis meses no habrá un alza en los pagos por ese servicio.
El funcionario apuntó además que no se otorgó la tasa de rentabilidad que solicitaron las empresas distribuidoras, ni lo que pidió la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A (Etesa) como sujeto regulado.
Por el contrario, dijo, la tasa se redujo porque están tratando que las compañías sean más eficientes.
Acerca de las reclamaciones por el mal servicio señaló que con multas y medidas paliativas están tratando de mejorar el sistema de atención al clientes.
Puso como ejemplo que a la empresa Naturgy le han exigido 590 millones de dólares durante este periodo tarifario (tres años a partir del 2024), para el mejoramiento del servicio y el mantenimiento de la línea eléctrica.
Con esta empresa el contrato se mantiene hasta 2028, por lo que el administrador señaló que sería propicio que el gobierno que en turno revise y analice en qué circunstancias renovará o no ese texto.
El pasado 20 de julio la misma ASEP indicó que los costos por la electricidad podrían elevarse de cinco a 20 por ciento, lo que causó irritación en la población, en medio de una prolongada temporada seca y altas temperaturas.
A finales de mayo pasado, el Gobierno declaró una emergencia ambiental en todo el territorio frente a la sequía prolongada ante la llegada del fenómeno de El Niño.
Recientemente un informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) señalaba al sector eléctrico como el de cotizaciones más altas de la canasta básica familiar en Panamá.
Los desembolsos por los servicios de vivienda, agua, electricidad y gas experimentaron un incremento de 10,7 por ciento interanual en junio último, según el estudio.
En ese grupo, el mayor auge se produjo en la tarifa eléctrica con un aumento en el IPC interanual de 41,4 por ciento, luego que en 2022 extinguiera el subsidio que había para algunos consumidores por la pandemia de Covid-19.
Según ese estudio, estos servicios ocupan una parte importante del presupuesto familiar, principalmente porque no son complementarios, y también porque solo en el pago de vivienda y energía se puede destinar más del 30 por ciento de los ingresos en cada hogar.
En junio del 2022, los altos costos de la electricidad y el enriquecimiento de empresas distribuidoras fue uno de las denuncias en protestas de organizaciones y populares que paralizaron al istmo y obligaron al Ejecutivo a establecer una mesa nacional de diálogo, pero sin las soluciones comprometidas esperadas.
mem/ga
