En la audiencia, la fiscalía solicitó la pena máxima para Elaine Brown, quien se desempeñó como directora general de adopciones y para Celine Brown, que laboraba como directora de protección especial de derechos, sentencia que se conocerá el venidero 17 de agosto.
También se informó que la Oficina de Asistencia Legal de las Víctimas del Delito solicitó un resarcimiento de 30 mil dólares por los daños psicológicos ocasionados a las víctimas.
El caso data de hace tres años, aunque en marzo de 2021 la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional (Parlamento) pidió a la Procuraduría General de la Nación (PGN), abriera una investigación por el escándalo de abusos a infantes en casas de protección públicas y privadas.
La investigación por el entonces procurador encargado, Javier Caraballo, hoy titular del cargo, abarcó a 15 albergues en el territorio nacional. Allí entrevistaron a más de 600 infantes, que vivieron en albergues.
El escándalo que trascendió las fronteras panameñas, obligó al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) a expresar su ‘profunda preocupación’ por las denuncias e instó a las autoridades a una rápida investigación y recordó que los infantes en los albergues están bajo ‘protección especial del Estado’.
A mediados del 2020, se presentaron denuncias penales luego de documentar los elementos probatorios de posibles delitos de maltrato a niños, niñas y adolescentes, según una nota oficial del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), parte integrante de la Senniaf.
Otras acciones informadas incluyeron medidas administrativas y legales y la clausura de ocho de tales ‘hogares’, después de una investigación tras revelaciones de medios de prensa locales de lo que ocurría al interior de los recintos, con la complicidad del silencio de funcionarios superiores.
Los informes revelaban la existencia de albergues que operaban sin permiso de funcionamiento o con autorización provisional, incluso algunos de los que Senniaf desconocía su existencia y la mayor parte están administrados por fundaciones, organizaciones no gubernamentales e instituciones religiosas.
‘A algunos menores se les negaba la comida, a otros niños que tienen trastornos psiquiátricos se les privaba de los medicamentos’, reveló a la prensa la diputada suplente Walkiria Chandler, una de las integrantes de la comisión investigadora.
“Nos llama la atención la inactividad de la institución, pues trabajadores sociales elevaron informes sobre estas irregularidades a la misma Senniaf, en muchos casos se les destituyó y no se tomaron medidas en los albergues. Los menores tenían que seguir conviviendo con sus abusadores”, remarcó.
jha/ga
