El primer ministro, Alberto Otárola, informó que el Consejo de Ministros acordó que la Policía vuelva a quedar a cargo de esa tarea y los militares retornen a sus cuarteles, aunque el estado de emergencia vigente desde hace cerca de ocho meses, continuará por otros 30 días.
Dijo que el Gobierno espera que de manera paulatina retorne la normalidad a ese territorio, bastión de las protestas, ante las cuales las Fuerzas Armadas asumieron el control, por encima de la Policía.
En Puno cayeron la mayoría de los 49 muertos en disturbios y más de 80 por ciento de la población rechaza a la administración de la presidenta Dina Boluarte, según las encuestas.
La medida, según Otárola, es una expresión de confianza gubernamental, sumada al mensaje de Boluarte que “busca conducirnos hacia un país unido y reconciliado”.
Al mismo tiempo, un juzgado de la Corte Superior de Lima ordenó la libertad inmediata del dirigente de Juli, Puno, Luis Cruz Layme, detenido durante las manifestaciones de la semana pasada. Además, informó, que a fines de agosto el Gobierno convocará a una reunión del Acuerdo Nacional, un foro consultivo sobre temas políticos y sociales en el que participan el Estado, las organizaciones sociales y los gremios empresariales, entre otros sectores.
En un reciente mensaje a la nación, Boluarte pidió perdón por las muertes y propuso dialogar a las organizaciones sociales que volvieron a protestar entre el 19 y el 29 de julio y mantienen la demanda de renuncia de la presidenta.
El diálogo fue rechazado por la coordinadora, por la negativa oficial a tratar una salida a la prolongada crisis económica y social con la renuncia de Boluarte y la convocatoria a prontas elecciones generales, a lo que también se niega la mayoría parlamentaria derechista, que apoya al Ejecutivo.
Otárola dijo que el Acuerdo Nacional también tendrá sesiones descentralizadas en el interior del país, para procesar los reclamos y las diferencias, y alcanzar los grandes consensos que el país requiere, según afirmó.
La Coordinadora Nacional Unificada de Lucha anunció que dedicará este mes a preparar nuevas protestas de nivel nacional y uno de sus voceros, Jorge Pizarro, señaló que la presidenta carece de legitimidad porque asumió el gobierno como sucesora del depuesto Pedro Castillo y se alió con la mayoría parlamentaria adversa a este.
“Pedir perdón y disparar contra los manifestantes, es una infamia; pedir perdón y acusar de vándalos y causantes de la crisis económica a los manifestantes, es vileza; pedir perdón y obstruir la investigación por los asesinatos, es la vía a una dictadura mafiosa”, afirmó el dirigente. jha/mrs
