La adquisición, hecha por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para apoyo a la Policía Nacional, incluyó 540 escopetas, 540 pistolas, 540 fusiles de asalto M4, 540 lanzagranadas lacrimógenas y otros medios, según reveló la semana pasada el diario La República.
Al respecto, la periodista Jo-Marie Burt, autora de un libro sobre las violaciones de derechos humanos en Perú, declaró que la venta fue hecha por empresas privadas y consideró urgente que los departamentos (ministerios) de Estado y de Comercio de Washington deben investigar las operaciones.
Consideró necesaria la pesquisa porque organismos internacionales de derechos humanos han denunciado graves violaciones de derechos humanos y posibles ejecuciones extrajudiciales durante la represión policial y militar contra protestas sociales en meses pasados, con un saldo de más de 60 muertes.
“¿Qué garantías tenemos de que los efectivos de estas instituciones que han violado los derechos humanos no están actuando hoy en el marco de las protestas? Frente a esta situación, es urgente demandar al Gobierno de Estados Unidos revisar este tipo de venta privada de equipos antimotines”, manifestó Burt.
La periodista y escritora Jo-Marie Burt, advirtió que la Ley Leahy prohíbe al Gobierno norteamericano utilizar fondos para fuerzas de seguridad extranjeras cuando exista información creíble de que en el país respectivo hay violaciones de derechos humanos.
Añadió que también hay una legislación que regula la venta de armas, municiones y equipamiento antimotines a otras naciones, por parte de compañías privadas estadounidenses, pero los departamentos de Estado o de Comercio autorizan las operaciones con escasa supervisión.
El activista de derechos humanos César Muñoz, opinó que el suministro cuestionado “es preocupante, porque siguen impunes las gravísimas violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas en respuesta a manifestaciones”.
De otro lado, 15 congresistas del Partido Demócrata, manifestaron en una carta al presidente Joseph Biden su preocupación por la situación de los derechos humanos y le recomendaron por ello suspender ejercicios militares conjuntos o la cooperación con fuerzas de seguridad peruanas.
Un contingente de 500 militares norteamericanos permanecen en Perú desde hace dos meses sin que se hagan públicas sus actividades y otros 600 los relevarán y se quedarán hasta fin de año.
En el contexto reseñado, los presidentes de Perú y Estados Unidos intercambiaron gentilezas en mensajes por el reciente 202 aniversario de la proclamación de la independencia peruana.
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