Ese pacto, avalado antes por el Consejo de Ministros y la Contraloría sobre la explotación de cobre de la filial de la trasnacional canadiense First Quatum en Donoso (Colón) fue presentado al Legislativo por el ministro de Comercio e Industrias, Federico Alfaro, uno de sus principales defensores.
El convenio ha sido duramente criticado por organizaciones sociales y ambientalistas, así como por algunos diputados como el independiente Juan Diego Vázquez, que alertan sobre la entrega a una compañía extranjera de los recursos naturales y la cesión de una importante franja del territorio nacional.
Las deliberaciones comenzarán por la Comisión de Comercio, entre otras, antes de llegar al plenario, en medio de protestas de organizaciones populares que exigen sea rechazado.
Vásquez adelantó que tras la llegada del proyecto a la Asamblea, se debe dar un proceso amplio de discusión y consultas, agregando que es importante conocer la opinión de la ciudadanía, debido a que el manejo de ese texto ha sido poco transparente.
En julio pasado, el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) presentó ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un nuevo recurso para que rechace el controversial pacto, sin respaldo ciudadano.
En el llamado amparo de garantías, los ambientalistas exigen que se suspenda de manera provisional el contrato, hasta que se resuelva el fondo de la demanda, debido a que no hubo real consulta sobre este texto.
A nombre de la CIAM, la abogada Mariela Dutary dijo que la encuesta pública hecha por el Estado “no se ajustó a las normas de transparencia requeridas” para la aprobación de un contrato que tiene “graves implicaciones” para el medio ambiente y la economía nacionales.
También agregó que los magistrados de la CSJ deben hacer una revisión profunda de las cláusulas de ese pacto antes de que el Parlamento lo apruebe.
Para la ambientalista Raisa Banfield los negociadores del Ejecutivo aprobaron un contrato similar al que la CSJ declaró inconstitucional en 2017 y que obligó a una renegociación de las condiciones de la explotación de la mina de cobre.
El convenio permite a Minera Panamá la explotación por 20 años prorrogables de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.
El CIAM es la organización que en 2009 presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el contrato ley de 1997 que avaló la concesión para la explotación de la mina de cobre y que finalmente resolvió la CSJ en 2017 a favor de los ambientalistas, obligando así a que se negociara un nuevo texto.
Dutari dijo a la prensa que la necesidad de presentar ahora este nuevo amparo responde a violaciones de derechos fundamentales establecidos en la Constitución, como el de participación ciudadana, el debido proceso, acceso al medioambiente sano y al desarrollo sostenible.
La mina de cobre de Donoso es considerada como la mayor inversión privada en el istmo, unos 10 mil millones de dólares, y según ese texto suscrito por el Gobierno, solo por regalías la compañía deberá aportar al Estado unos 375 millones de dólares anuales.
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