Según la convocatoria, si el Gobierno sigue sin responder a sus reclamos, los originarios bloquearán la arteria que une con Centroamérica en siete puntos entre el sector Chorcha y Tolé.
“El tiempo se ha agotado”, aseveraron los manifestantes que dieron un plazo de 15 días para que le ofrecieran una respuesta a sus demandas acumuladas hace dos años, en particular el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge.
El Ministerio de Gobierno envió la noche del sábado último un comunicado para informar que el pasado 27 de julio el Consejo de Gabinete aprobó una resolución que declara estado de emergencia en la Comarca Ngäbe Buglé para hacerle frente a la situación de “grave deterioro que presenta la red vial interna”.
Incluso, el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Obras Públicas están autorizados para adoptar medidas que agilicen de forma expedita las contrataciones para este proyecto, un monto de cerca de siete millones de dólares, como lo establece el procedimiento especial de adquisiciones.
Sin embargo, uno de los voceros de la comarca, Joel Franceschi, indicó que de efectuarse un acercamiento por parte de las autoridades antes del bloqueo, la negociación será bajo presión.
Agregó que lo que quieren es que de darse un encuentro el mismo sea en la localidad de Corotú para que los dirigentes de Besiko y Nole Duima puedan llegar al lugar,
Para evitar el bloqueo, las bases también solicitaron que sea el mismo presidente de la República, Laurentino Cortizo, quien haga un pronunciamiento en beneficio de esa población, agregó.
Por su parte, Amarilis Cáceres, de la comisión de padres de familia del colegio Cerro Iglesia, indicó que como enlace con el Ejecutivo lleva dos semanas solicitando comunicación con las autoridades y hasta el momento no ha visto intención de que quieran sentarse a dialogar.
Acerca de los incumplimientos en materia docente, Cáceres denunció a la fecha que el Ministerio de Educación no ha depositado los fondos previstos.
Mientras, el presidente de la Cámara de Comercio de Chiriquí, Jorge Tovar, instó al Ejecutivo y a los colectivos autóctonos a dialogar y encontrar soluciones, al tiempo que consideró que con estos cierres se resta confianza y competitividad, además que causan pérdidas millonarias y afectan la reactivación económica, tal como ocurrió en 2022.
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