“Es imposible sostener que una presidenta responsable de graves violaciones de derechos humanos, que donde quiera que va es rechazada”, dijo la congresista Ruth Luque, autora del proyecto firmado junto a sus colegas Sigrid Bazán, Susel Paredes y Nueves Limache.
Se refirió así al hecho de que las presentaciones públicas de la mandataria, sobre todo en el interior del país, registran siempre protestas que reclaman su renuncia y la culpan de más de 60 muertes durante protestas en su contra, en meses anteriores.
La Policía se despliega en gran número para dispersar por la fuerza a los manifestantes y arrebatarles los carteles hostiles a la gobernante que asumió la presidencia el 7 de diciembre de 2022 como sucesora de Pedro Castillo, encarcelado y destituido por el Parlamento de mayoría conservadora, ahora aliada de Boluarte.
El proyecto de las cuatro legisladoras plantea realizar elecciones generales, presidencial y legislativas, el segundo domingo de julio de 2024 y una eventual segunda vuelta presidencial el último domingo de agosto y que el nuevo mandatario asuma el 30 de septiembre.
El proyecto argumenta en sus fundamentos la persistente crisis política y social peruana que afecta la el comercio, el turismo y la economía toda e invoca también las vidas perdidas durante las citadas protestas.
“Sería absurdo pretender llegar al poder hasta el 2026 en tan alto grado de rechazo”, dijo Luque en referencia al año en el que culminará el quinquenio para el que fueron elegidos Castillo como presidente y Boluarte como vicepresidenta.
Analistas y políticos de izquierda y centro coinciden en la necesidad de nuevos comicios y señalan que la sola convocatoria aliviaría la constante tensión política y social reinante.
El proyecto colisiona con la intención de la presidenta de gobernar hasta 2026, compartido con la mayoría prlamentaria, que ha bloqueado varios proyectos de adelanto de elecciones.
Esa mayoría plantea abiertamente la determinación de cambiar a autoridades de instituciones del Estado, sobre todo a las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones y otros dos organismos electorales, que tras las elecciones de 2021 no aceptaron por falta de pruebas sus reclamos contra la elección de Pedro Castillo.
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