La reacción fue motivada por la denuncia de Promsex, organización no gubernamental de defensa de los derechos de la mujer, sobre la pretensión de los médicos de que la pequeña continúe el embarazo pese al daño físico y psicológico que puede sufrir, pues sostienen que está apta para el parto.
El caso fue asumido por los ministerios de Salud y de la Mujer (que incluye a la niñez) y el primero emitió un comunicado en el que informa que la niña, radicada en Iquitos, la principal ciudad amazónica, fue trasladada al Instituto Materno Perinatal de Lima.
La menor, conocida como Mila para proteger su privacidad, “se encuentra hospitalizada para las evaluaciones correspondientes y se ha dispuesto el seguimiento respectivo para las atenciones médicas y psicológicas que requiera”, agrega.
Añade que el Ministerio de Salud velará por la salud de la menor “en el marco de las normas y leyes vigentes” y también se ocupa del caso la Defensoría del Pueblo, cuyo titular, Josué Gutiérrez, pertenece a una religión evangélica, corriente opositora a ultranza del aborto.
El caso motivó un comunicado público de preocupación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU Mujeres, el Fondo de Población de Naciones Unidas y el Fondo de la ONU para la Infancia.
Un comunicado conjunto de esos organismos mundiales pidió al Estado peruano reconsiderar la negativa a autorizar el aborto terapéutico pedido por la madre, tanto en este caso como en el de todas las niñas y adolescentes embarazadas por la violación. En este caso, el depredador es el padrastro de la menor.
Para las citadas agencias de la ONU, obligarlas es un acto de tortura, un trato cruel, inhumano y degradante.
Según Promsex, la madre pidió el aborto terapéutico, pero la Unidad de Protección Especial de menores no activó el protocolo para la interrupción alegando que la niña sufría problemas psicológicos.
El psicólogo que la analizó no avaló esa versión, aunque alega que el aborto terapéutico no se aplica a casos de violación, mientras la niña y la madre son presionadas para que rechacen el aborto, que solo puede hacerse hasta las 22 semanas de embarazo y la pequeña tiene ya 18 semanas.
La legalización del aborto terapéutico cumplirá el próximo año un siglo, pero casi nunca se aplica por presiones de grupos conservadores que amedrentan a los médicos para que se nieguen a hacerlo por temor a perder la colegiatura.
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