Los manifestantes se concentraron en la jornada en el parque Belisario Porras, de esta capital, y se trasladaron hacia la Asamblea Nacional (parlamento) para repudiar la ley sancionada en diciembre de 2022 por el presidente Laurentino Cortizo.
Según los protestantes, entre ellos licenciados en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá e instituciones privadas, la norma que establece ese examen a cargo de la Corte Suprema de Justicia, además de inconstitucional es una táctica neoliberal para evitar abogados del pueblo.
Intentan acaparar el mercado laboral de esta profesión con poderosas firmas elitistas, señalaron.
La ley que regula el ejercicio de la abogacía en Panamá, modificada 38 años después de su precedente, establece que, para obtener la idoneidad, se requiere aprobar un examen de conocimientos éticos y profesionales.
También mantienen otros requisitos para el ejercicio de esa profesión: tener nacionalidad panameña y poseer un título universitario de Licenciatura en Derecho o Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas expedido por una universidad oficial o particular.
En caso de que el diploma sea expedido por un centro de estudios superiores en el exterior, el documento debe ser revalidado por la Universidad de Panamá.
Para Cortizo la nueva ley debe contribuir a reforzar los principios que deben imperar en la relación cliente-abogado. El ejercicio de la abogacía tiene el desafío de adaptarse a las nuevas realidades del mundo cambiante”, remarcó.
La ley también establece sanciones por el delito de ejercicio ilegal de la abogacía, además prohíbe ejercer por intermedio de sociedades anónimas u otras de carácter mercantil.
Los abogados que laboran como funcionarios regulares, asesores jurídicos o consultores en cualquier dependencia del Estado o de los municipios no podrán gestionar ante la misma entidad o dependencia oficial en la cual prestan sus servicios.
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