El magistrado declaró que el tema “está en manos del Congreso, porque el Congreso es el poder constituyente derivado”, pese a que ese poder del Estado, de mayoría conservadora, es rechazado por 90 por ciento de la población, según las encuestas.
“El Congreso tiene la atribución que la Constitución le franquea para realizar las reformas, el que, por naturaleza, debería realizar esta reforma”, aseveró.
Ello implica que el Congreso esté por encima del referendo que en diciembre de 2018 reformó la carta magna, en el que el 85 por ciento de votó contra la reelección de parlamentarios.
Rodríguez dijo que el TC, que ayer escuchó a las partes y deberá dar su veredicto dentro de 30 días, debe priorizar el análisis sobre si tiene o no competencia para pronunciarse sobre una reforma de la constitución.
Por su parte, el juez del TC César Ochoa coincidió con el titular en que la corte debe definir si puede o no pronunciarse a favor o en contra de mantener la reforma determinada por voluntad popular.
Se preguntó quiénes son los miembros del TC para dictaminar que es anticonstitucional la reforma, teniendo en cuenta que ha sido aprobada por un referendo, debatida públicamente y dictada como ley por el Congreso tras la consulta ciudadana.
Opinó que la corte debe tener facultad para declarar una reforma inconstitucional, como pidió ayer el abogado conservador Aníbal Quiroga que haga con la antireelección, solo cuando se afecte el núcleo duro de la constitución, como los derechos.
La nulidad del veto a la reelección es reclamada por la mayoría congresal y los partidos conservadores, en tanto que las fuerzas progresistas y un sector de juristas plantean mantenerlo.
Juristas del campo progresista, como el experto en temas electorales Fernando Tuesta, sostienen que sería pertinente, para mejorar el nivel del Congreso, que sus integrantes se puedan reelegir por acumular experiencia.
Acota sin embargo que los actuales legisladores no son los más indicados para hacerlo o ser beneficiarios de la contrarreforma, cuyas decisiones impopulares, escándalos de corrupción y otros problemas explican el rechazo casi unánime de la población.
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