En declaraciones periodísticas, Sagasti, quien ejerció un gobierno de transición entre noviembre de 2020 y julio de 2021, opinó que la mandataria debió tambie asumir su responsabilidad política por las 49 muertes durante las manifestaciones que rechazaban su ascenso a la presidencia en reemplazo del destituido Pedro Castillo.
Boluarte pidió el 28 de julio último, en su mensaje-informe al país, perdón en nombre del Estado por las muertes que, según dijo, nadie deseó, si hacer una mea culpa.
“Me pareció un primer paso el pedir perdón, pero incluso en la religión católica el pedir perdón requiere, además de eso, una confesión sincera, un propósito de enmienda y una serie de cosas”, dijo Sagasti, vinculado al Partido Morado, centrista..
Agregó que “Yo esperaba que ese pequeño primer paso fuera seguido por algunas otras medidas”.
También cuestionó el uso por Boluarte de una polémica ley dictada por el parlamento de mayoría conservadora, para viajar esta semana a la Cumbre que contradice la disposición constitucional, según la cual, en ausencia del presidente, el despacho debe quedar a cargo del vicepresidente, cargo vacante.
La ley, materia de impugnaciones jurídicas, indica que en tal situación, quien sea el gobernante deberá despachar mediante comunicación telemática con el primer ministro, Alberto Otárola.
“Cuando yo ejercí la presidencia, no viajé porque no tenía vicepresidente, consulté con constitucionalistas y me dijeron que no, que no se podía viajar”, añadió.
Comentó además que, si bien él no es abogado constitucionalista, le parece “muy cuestionable usar esta ley hasta que se declare inconstitucional, para hacer algo que no está contemplado en la Constitución”, lo cual calificó como altamente cuestionable.
Para liberar a la presidenta de posibles problemas jurídicos si la ley fuera anulada por el Tribunal Constitucional por contradecir la carta magna, el Gobierno y la mayoría congresal invocan el principio de presunción de constitucionalidad de las leyes.
Ello significa que la ley aprobada por el Parlamento tiene validez legal hasta que, eventualmente, la citada corte las declare inconstitucional como piden juristas y fuerzas políticas opositoras.
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