La vicepresidencia de la organización, Yovana Mendoza, desmintió en tal sentido una reciente declaración de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien la semana pasada fue repudiada en una visita a Ayacucho, por manifestantes que la acusaban de ser cómplice de lo que llaman masacre de diciembre de 2022.
“Ya transcurrieron ocho meses y exigimos que se acelere la investigación y la Fiscalía presente las denuncias” a los autores y responsables de las muertes, dentro del plazo de ley de las pesquisas, que está a punto de cumplirse, advirtió la dirigente.
Agregó que el fiscal a cargo del caso de las 10 muertes registradas en Ayacucho ha visto los videos que muestran como fueron abatidos civiles inermes en las cercanías del aeropuerto que intentaban ocupar, en protesta contra el ascenso al cargo de la presidenta Dina Boluarte.
“Ha visto quiénes, cómo, dónde han disparado, por eso manifestamos nuestra molestia a la fiscal de la Nación cuando vino hace unos días”, dijo.
De otro lado, Gloria Cano, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), dijo que la fiscal de derechos hizo un buen trabajo en Ayacucho, pero los familiares argumentan las pesquisas se han hecho lentas con la decisión de Benavides de crear un grupo especial radicado en Lima para investigar todas las muertes.
Cano señaló que la situación es peor en la región de Apurímac, colindante al sur de Ayacucho, donde dos fiscales llegaron recién ayer debido a problemas en el equipo especial.
Añadió que, ante el inminente cumplimiento del plazo de ocho meses establecido para investigar las muertes registradas en las regiones de Ayacucho, Apurímac, Puno y Cusco, seguramente se dará más tiempo a los fiscales.
Planteó que los abogados de los deudos han pedido que la fiscal de Ayacucho, por su conocimiento y su capacidad en las pesquisas, se incluida como apoyo en todos los casos, lo que aceptó verbalmente Benavides pero no ha concertado la medida.
Entretanto, grupos de derechos humanos hicieron notar que también está empantanada la investigación abierta por la Fiscalía a la presidenta Boluarte y varios de sus ministros y exministros por genocidio, homicidio agravado y otros delitos presuntos.
La demora, indicaron, se debe a la negativa de los abogados de la mandataria, a que en el interrogatorio a Boluarte participe el procurador general del Estado, lo que está pendiente de ventilarse en el Poder Judicial.
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