Según la reclamación de la corporación norteamericana, la deuda de la transportadora aérea asciende a más de 17 millones por el alquiler de los cuatro aviones de pasajeros desde 2019, por lo cual reclamó el domingo último su devolución.
El 8 de agosto último, el ministro de Obras Públicas de Bolivia, Édgar Montaño, aseguró que la cancelación de matrícula de cuatro aeronaves de Amaszonas se realizó en cumplimiento de las leyes nacionales e internacionales.
Montaño se refirió en conferencia de prensa a la medida tomada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que, sin embargo, no le impide a esa empresa operar con otros aviones.
“Se aplica la cancelación de la matrícula de las cuatro aeronaves: (…) CP-3145, CP-3142, CP-3135 y CP-3171 y según resoluciones administrativas número 316, 318, 328 y 329, notificadas formalmente el martes 1 de agosto de 2023, mismas que no podrán operar por esta compañía”, precisa un comunicado.
De acuerdo con el reporte, la decisión fue tomada sobre la base del “Convenio de Chicago, Anexo 7, Convenio de Ginebra, la Ley de Transportes 165, la Ley de Aeronáutica Civil 2902”.
El texto reitera que, no obstante, “esta disposición no limita que Amaszonas pueda operar con otras aeronaves, debido a que cuentan con el Certificado de Operador Aéreo y Permiso de Operación Aérea vigente hasta diciembre de 2024”, aclaró la DGAC.
Sin embargo, este martes, tras más de siete horas de audiencia, la Sala Constitucional Tercera de La Paz otorgó la tutela a la línea aérea Amaszonas y ordenó que en un plazo de 24 horas se restituyan las matrículas de las cuatro aeronaves.
La autoridad jurisdiccional estableció que la DGAC solo fiscaliza y supervisa la seguridad operacional de las aeronaves y no puede intervenir en un problema entre privados.
En su intervención del 8 de agosto, Montaño aclaró que el Gobierno Boliviano nada tiene que ver en estos temas entre particulares, pero sí tiene que actuar por ser signatario de convenios como el de Chicago, con la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), principalmente en lo referido a la navegación aérea internacional.
Subrayó que, de no hacer caso a la nota oficial de parte del propietario de las aeronaves, Bolivia corre el riesgo de perder la certificación internacional a través de la OACI.
Interrogado por la prensa acerca de una eventual demanda de la línea aérea ante el Tribunal Constitucional Plurinacional, Montaño adelantó que cualquier juez constitucional que emita un fallo contrario a la decisión de la DGAC pondría en riesgo al país.
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