El presidente de la Comisión de Constitución, Juan José Jáuregui, afirmó que la propuesta de normativa quedó aprobada en esa instancia, y confía en que sea agendado y tratado en plenaria por el órgano legislativo la próxima semana.
Según Jáuregui, el texto recibió la aprobación en una sesión a la que asistió el ministro de Justicia, Iván Lima, para explicar el contenido de la iniciativa legal enviada por el presidente Luis Arce.
Este documento fue elaborado en respuesta a los múltiples delitos sexuales cometidos por sacerdotes católicos y destapados tras la publicación del diario del cura pederasta Alfonso Pedrajas (alias Pica), jesuita ya fallecido.
Según sus confesiones Pica Pedrajas abusó sexualmente de al menos 85 menores de edad en América Latina, la mayoría en Bolivia.
Tras este escándalo, se sucedieron numerosas denuncias en el país altiplánico contra religiosos comisores de este tipo de ilícitas y contra sus encubridores.
El proyecto de ley prevé la imprescriptibilidad de los delitos de violación y abuso contra niños y adolescentes, así como la creación de una Comisión de la Verdad para investigar estas ilícitas.
Asimismo, serán endurecidas las penas en caso de encubrimiento, que de cuatro años de encarcelamiento pasarán a ocho.
Los delitos sexuales recibirán una condena de 20 años, y la pena será mayor en caso de agravantes.
“Cuando la violación sea cometida por un pastor, sacerdote, un miembro de una organización religiosa o por el guía espiritual tiene un agravante mayor que van desde los 20 a los 25 años de cárcel”, informó Jáuregui al canal estatal Bolivia Tv.
La Comisión de Constitución aprobó este proyecto en mayo y lo remitió al pleno de Diputados, pero los legisladores decidieron devolverlo para enriquecerlo con nuevas sugerencias.
Uno de esos aportes es la creación de la Comisión de la Verdad, encargada de pesquisar los múltiples actos de pederastia cometidos por religiosos y sus encubridores.
Integrarán este comité investigador los ministerios de la Presidencia, Gobierno y Justicia.
A ellos se sumarán los presidentes de las cámaras de Senadores y Diputados; el titular del Tribunal Supremo de Justicia; el del Consejo de la Magistratura; el del Tribunal Constitucional Plurinacional; el Fiscal General y el Procurador General del Estado, así como el Defensor del Pueblo.
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